05 abr 2020

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Extradición de García Juliá

El asesino de Atocha, bajo vigilancia especial en Soto del Real para que no lo ataquen

Los abogados de los asesinados en el bufete laboralista de Atocha en 1977 preparan nuevas acciones contra el ultra Carlos García Juliá por quebrantamiento de condena

Juan José Fernández

Carlos García Juliá, en 1976, como militante de Fuerza Nueva, y en 2020, detenido en Brasil.

Carlos García Juliá, en 1976, como militante de Fuerza Nueva, y en 2020, detenido en Brasil. / Efe (izquierda) y Europa Press

Las autoridades penitenciarias valoran este fin de semana en qué situación habrá de pasar lo que le queda de condena Carlos García Juliá, coautor de la matanza de los abogados de Atocha.

El ultraderechista, que llegó extraditado la madrugada de este viernes a Madrid procedente de Sao Paulo, ingresó en la misma madrugada en la prisión madrileña de Soto del Real. Según fuentes de esa cárcel, ha quedado a la espera de que finalice el preceptivo proceso de valoración penitenciaria, en una celda del módulo de ingresos en la que pasará todo el fin de semana.

El ultra, de 64 años, y hoy con la apariencia de un jubilado, ya ha sido sometido al PPS (Protocolo de Prevención de Suicidios) "no tanto porque se vaya a autolesionar, como por su seguridad ante otros presos que podrían atentar contra él", explican estas fuentes. El protocolo supone que le vigile de cerca un preso "de confianza" del centro. Las fuentes consultadas estiman que, "al menos un tiempo, lo pasará en una UT" (unidad terapéutica), con salidas paulatinas al patio, y en observación.

En Instituciones Penitenciarias –secretaría dependiente del Ministerio del Interior– confirman su situación de espera, provisionalmente clasificado en segundo grado, sin descartar ninguna medida de seguridad, incluida la estancia de una temporada en enfermería, hasta que se pronuncien los evaluadores.

García Juliá tiene experiencia en cárceles peligrosas, pues su vida delictiva en Latinoamérica y su relación con narcos le llevó a la prisión boliviana de Palmasola, un infernal poblado penitenciario en el que permaneció desde mayo de 1996 hasta su fuga, en 1999. En diciembre de 2018, cuando las autoridades brasileñas desmontaron su falsa identidad (Genaro Materán) y lo detuvieron, García Juliá se ganaba la vida con discretos y esporádicos trabajos de chófer en Sao Paulo.

Nueva causa

En la noche de este jueves, confirmado ya que Carlos García Juliá volaba extraditado a Madrid, el embajador de España Pablo Benavides llamó al abogado (y exministro, y ex presidente del Congreso) José Bono. Fue para encargarle nuevas acciones legales contra quien mató a su hermano, Luis Javier Benavides.

La noche del 24 de enero de 1977 murió ese joven abogado en el bufete laboralista de Atocha 55, bajo los tiros de García Juliá y José Fernández Cerrá, que también quitaron la vida a los letrados Enrique Valdelvira y Francisco Javier Sauquillo, el administrativo Ángel Rodríguez y el estudiante Serafín Holgado, e hirieron a otros cuatro letrados.

Carlos García Juliá tiene cumplidos solo 13 años de los 30 de máximo cumplimiento entre rejas que le fijó la Audiencia Nacional en 1980. Le cayó una condena de 193 años de prisión como coautor de la matanza. "Se especializó en pedir permisos extravagantes. Uno de ellos, alegando buenos antecedentes, pese a que su comportamiento no era ni mucho menos calificable como bueno", cuenta Bono. Y se refiere a un intento de fuga, el 21 de octubre de 1979, de la cárcel de Ciudad Real, a cuyo director tomó de rehén durante 12 horas.

Pese a ese antecedente, García Juliá obtuvo posteriormente varios permisos, el último, ya en libertad condicional por cumplimiento de un tercio de la pena. Pidió autorización para trabajar en Uruguay, presentándose periódicamente en la embajada española en Asunción, y la Justicia se lo concedió en agosto de 1994. El fiscal se opuso, pero su oposición llegó después del permiso. Ahí se inició una fuga que ha durado 26 años.

Cuarenta años después

Ha querido la casualidad que esta extradición largamente esperada llegue a tan solo unos días del cuadragésimo antiversario del juicio por la matanza. El 18 de febrero de 1980 se inició una vista que duró solo siete días. El 29 de febrero se emitió la sentencia.

El Estatuto de la Víctima, promulgado en 2015, permite la personación en la nueva causa de los representantes de los asesinados y heridos aquella terrible noche de enero.

"Ahora le tendrán que hacer la liquidación de condena. Ejerceremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para que cumpla hasta el último día", relata Bono, que representó en el juicio a la familia Benavides, y que se está coordinando con la también abogada Cristina Almeida, con la que en 1980 colaboró en la acusación particular. "Los españoles les debemos mucho a quienes entregaron su propia vida por la democracia y la libertad", dice Bono.

La nueva causa contra García Juliá será en cualquier caso por quebrantamiento de condena. No habrá pues lugar a más indagaciones sobre la matanza, ya juzgados pese a que, como considera el político socialista, "quizá el famoso policía y torturador Billy el Niño pudiera aclarar algo sobre aquellos hechos".

Una llamada de Interior

"Nos interesa más el futuro que el pasado. Ya se celebró el juicio sobre el asesinato hace 40 años. No vamos a equiparar lo que viene con el juicio del año 80", dice José María Mohedano, otro de los abogados de aquella acusación particular. Se refiere al procedimiento por quebrantamiento de condena "de esta persona que se escapó por un exceso de confianza en quien no se lo merecía, y más con el antedecente de otro que ya se había escapado" (Fernando Lerdo de Tejada).

"Ahora casi todos los supervivientes han fallecido, algunos encontrando la muerte prematuramente por las secuelas de los balazos", lamenta Mohedano. Queda vivo el jurista y docente Alejandro Ruiz Huerta, que a sus 73 años asiste a los acontecimientos con gran lucidez. Ruiz Huerta preside la Fundación Abogados de Atocha. Fue el primero en enterarse de que se iba a materializar la extradición de García Juliá, un año después de su detención: hace cuatro días, un alto directivo del Ministerio del Interior le llamó para anunciárselo.

De los tres asesinos (Fernando Lerdo de Tejada, que se quedó a la puerta del bufete, vigilando; José Fernández Cerrá, que disparó 12 balas, y García Juliá, que disparó seis veces) este fue el más nervioso la noche tremenda de autos. Entró y se puso a arrancar cables de teléfonos antes de reunirse con Cerrá ante el grupo de nueve víctim puestas en pie en el salón. García Juliá disparó el primer tiro.

En el juicio, el abogado José María Stampa Braun le preguntó: "¿Disparó contra las nueve personas?", y él contestó: "Sí, pero lo tengo oscuro. Sí estaban agrupadas, y muy cerca (…) No disparamos en ráfagas. Yo, desde luego, apreté seis veces el gatillo. Me puse nervioso y no sé, no me acuerdo".

Sí se sacuerda bien Paca Sauquillo, hermana de uno de los asesinados, a quien la extradición le ha reabierto "un momento muy sensible. Se hace justicia, tarde, pero justicia", comenta a EL PERIÓDICO.

La noticia de la extradición a España de García Juliá ha pillado en medio de una "alegría silenciosa, agridulce por la rabia" a Francisco Naranjo, director de la Fundación Abogados de Atocha. En 1977 era sindicalista en Renfe, de las clandestinas Comisiones Obreras, y le aconsejaron que durmiera fuera de casa por lo que pudiera pasar. No lo hizo. "Tenía un chaval de cuatro años; no podía hacer eso", recuerda.

Ahora, Naranjo, de 73 años, ve cumplida una expectativa que hace un año, cuando la detención en Brasil, recibió con excepticismo: "Pensé que era otra noticia más sobre el caso, pero que no veríamos a García Juliá ya más por aquí".

Y sí está por aquí, reavivando dolorosos recuerdos. Naranjo portó una corona de flores en el multitudinario entierro de los abogados de Atocha. Dos horas con ella en las manos por un Madrid conmocionado. "¿Sabe de qué me acuerdo mucho? del silencio –cuenta-. Había una consigna de silencio absoluto aquel día. Y aquel silencio en la calle dolía tanto como las balas".

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