Los fiscales del 'procés' defienden la sentencia ante un diputado letón

Tres de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron la acusación en el 'procés' y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Fernando Rodríguez-Rey, tuvieron este martes un encuentro cuando menos surrealista. Se entrevistaron con el diputado letón Boriss Cilevics, quien prepara un informe para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien les reprochó la persecución política de la que, en su opinión, ha sido objeto los condenados del 'procés' y terminó diciéndoles que ni siquiera se había leído la sentencia del Tribunal Supremo. 

Fuentes fiscales han explicado a EL PERIÓDICO que al comienzo de la reunión, que se prolongó por espacio de una hora, Cilevics recriminó a los fiscales que el procedimiento seguido en España contra los líderes independentistas supone una persecución ideológica por ser independentistas y las penas que se les impusieron de hasta 13 años de prisión son absolutamente desproporcionadas.

Los representantes del ministerio público no podían salir de su asombro y más cuando les admitió que ni siquiera había leído la sentencia. Tampoco conocía la resolución del Tribunal Constitucional alemán que negó a Baviera el derecho a un referéndum independentista. 

El primer fiscal en tomar la palabra fue Javier Zaragoza, quien como fiscal jefe de la Audiencia Nacional ya había tenido encuentros similares con relatores de la ONU en relación con el terrorismo etarra, luego Jaime Moreno y Rodríguez-Rey. Al final Fidel Cadena ahondó en las intervenciones de sus compañeros en las que explicaron al diputado letón que el independentismo "lleva años defendiendo" su proyecto e ideas sin, como no puede ser otra manera, ningún tipo de persecución.

Imponer su proyecto

Pero los líderes condenados quisieron "imponer su proyecto político" a todos los ciudadnaos "por la vía de hecho, la coacción y la imposición", incluso con violencia, aunque no la suficiente para condenar por rebelión, como pedía la fiscalía, sí para la sedición que finalmente fue el delito que entendió cometido el Supremo. 

Los fiscales argumentan que todos los países disponen de legislación para proteger su sistema constitucional y castiga la desobediencia de las resoluciones judiciales, como ocurrió en Catalunya con el Tribunal Constitucional, por no hablar de la malversación de caudales por la que también se condenó a los líderes independentistas. Explicaron que solo este delito puede suponer una condena similar a la finalmente impuesta en concurso medial con la sedición, lo que es incompatible con cualquier desproporcionalidad de las penas impuestas.