El inicio del fin de la 'legislatura'

El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante el anuncio de aplazamiento del pleno de investidura.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante el anuncio de aplazamiento del pleno de investidura. / periodico

Xabi Barrena / Júlia Regué

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El 30 de enero del 2018 es una fecha clave por varios motivos. El principal es porque fue la fecha en que se rompió el siempre difícil equilibrio entre la posconvergencia, en forma de Junts per Catalunya, y ERC. Ese día, los republicanos, vía el presidente del Parlament, Roger Torrent, se negaron a llevar a cabo la sesión de investidura de Carles Puigdemont, como exigían sus socios, porque el Tribunal Constitucional (TC) había prohibido expresamente que se ungiera a un diputado, el ‘expresident’, que se hallaba en el extranjero, en calidad de "exiliado", para unos, y de "fugado de la justicia", para otros. JxCat aún no perdona ese episodio que se recuerda en los pasillos del Parlament cada vez que hay desavenencias entre los socios de Govern en la Mesa. Fue el final de una legislatura que aun tardaría cinco meses en nacer.

Aquella fue la primera ocasión en que posconvergentes y republicanos explicitaron sus distintas estrategias para llegar a la independencia. En el caso de JxCat, su hoja de ruta era y es la confrontación abierta, sin reparar en el equilibrio de fuerzas entre las instituciones catalanas y el Estado. Y, en eso, se sienten arropados por la CUP, que no falta a cualquier posible intento de desobediencia.

ERC acudió a las elecciones del 21-D, apenas un mes antes de ese 30 de enero, aún con un discurso heredero del impacto emocional del 1-O, del 155 y del encarcelamiento y 'exilio' de los políticos. Si bien es cierto que ya en campaña apostaron por la vía dialogada, en los mítines se colaron continuos mensajes tipo, y la cita es textual: "Tenemos que hacer la república como hicimos el 1-O: desde las instituciones pero abriendo la mano a la sociedad civil".

Fue Oriol Junqueras, obviamente, el que cambió las reglas de juego. Ante el riesgo de que la confrontación supusiera un goteo constante de dirigentes de ERC hacia presidio, con el consiguiente desangramiento de talento del partido, el líder republicano mandó una orden expedita a sus colaboradores: "Basta de fuegos de artificio y de sacrificar personas en actos de desobediencia que no suponen un avance constatable hacia la independencia".

En ese contexto, y entendiendo que la investidura de Puigdemont tendría un recorrido de apenas unas horas y que en ningún momento el nuevo ‘president’ habría podido firmar un solo decreto que tuviera validez, los republicanos impidieron la celebración del pleno. Torrent compareció poco antes de las diez de la mañana en el despacho de audiencias para anunciar que el pleno de investidura quedaba aplazado <em>sine die</em> porque no se daban las "garantías".  

La suspensión de los presos

En julio del 2018 inauguraron una nueva disputa: la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo. El choque se alargó hasta octubre por la falta de acuerdo y aplazaron algún que otro pleno para forjar un pacto que nunca llegó. El 2 de octubre del 2018 votaron una resolución en el pleno que incluía un mecanismo para sustituirles, designando a otro el ejercicio de su voto, y que, de facto, acataba el requerimiento. ERC hizo uso de ella para votar en nombre de Junqueras y Raül Romeva; pero JxCat se negó porque consideraba que sus diputados procesados no estaban suspendidos.

La forma de encajar las resoluciones judiciales del 'procés' ha enquistado la trifulca entre socios de Govern en el Parlament. Los republicanos han blindado a Torrent desde su elección, para tratar de evitar que incurriera en delito alguno y proteger la institución, mientras que JxCat y la CUP han hecho pinza en pro de la desobediencia. "No hagamos política a golpe de citación del juez Llarena. Invistamos a Puigdemont, no acatemos al Estado", exigía Riera tras bloquear la investidura del 'exconseller' Jordi Turull. La CUP defendió a capa y espada la investidura de Puigdemont incluso hasta el mes de abril, cuando fue detenido en Alemania, asegurando que era "el único candidato que responde a la soberanía popular". "Cualquier otro candidato", decía Riera, "significaría someterse al Estado español". 

Los posconvergentes siempre han buscado a la CUP para intentar desgastar a Torrent, pero los anticapitalistas no tienen voto en la Mesa. Al final, la batalla siempre se libra entre JxCat y ERC. Y así fue el último episodio. La retirada del acta de diputado al 'president' Quim Torra que se resolvió por asentimiento de ERC, PSC y Cs en la Mesa. Un hecho que enervó a los posconvergentes y que provocó el choque final de una legislatura que empezó con los días contados.