30 sep 2020

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JUSTICIA Y POLÍTICA

La crisis de las togas

Hay que construir un nuevo sistema de acceso a la función judicial y fiscal en el que solo cuente la valoración técnica de la excelencia

Jordi Nieva-Fenoll

Una imagen de miembros de la judicatura.

Una imagen de miembros de la judicatura. / ARCHIVO / EFE

Ha provocado una fuerte polémica la propuesta de Dolores Delgado, hasta hace pocos días ministra de Justicia, como nueva fiscala general del Estado. Se trata de una persona que cumple todos los requisitos técnicos para desempeñar el cargo con las suficientes garantías de excelencia, pero su innegable perfil político ha enturbiado lamentablemente el nombramiento.

La Fiscalía no es independiente del Gobierno, porque su superior jerárquico, el fiscal general, es -como se ve- nombrado directamente por el Gobierno, y al ser superior puede dar instrucciones vinculantes a los fiscales inferiores y hasta apartarles de sus puestos a través del procedimiento establecido, que no es tan dificultoso. Una vez nombrado el fiscal general, el Gobierno no puede ni darle órdenes ni apartarlo del cargo, sino simplemente mandarle comunicaciones no vinculantes. Pero parece obvio que ni un fiscal general va a mantenerse en el cargo sin la confianza del Gobierno que lo nombró, ni el Gobierno va a nombrar a alguien en quien no pueda confiar, aunque siempre puede haber sorpresas en ambos sentidos. Insisto, no se puede hablar de independencia del ministerio fiscal, sino a lo sumo de autonomía y no sin dificultades.

El esquema dibujado, como se ve, es perverso, tanto en España como en otros muchos países

El esquema dibujado, como se ve, es perverso. Tanto en España como en otros muchos países, la enorme mayoría. Los gobiernos no conciben perder esa influencia en algunos procesos, muy especialmente en los que tienen trasfondo político. En el resto de procesos judiciales -la gran mayoría-, la Fiscalía sí suele ser verdaderamente autónoma de los gobiernos.

Sin embargo, si tenemos que rasgarnos las vestiduras por todo lo anterior, convendría guardar un poco de esmalte de las uñas para lamentarnos por lo que ocurre con los nombramientos en la cúpula del Poder Judicial. En España esos nombramientos dependen del Consejo General del Poder Judicial, cuya composición está innegablemente politizada, de un modo u otro, desde siempre. Y ello ha hecho que además de las vergonzantes maniobras para designar a sus vocales a través, no del consenso político, sino de vulgar mercadeo entre políticos, hayamos visto en la prensa en demasiadas ocasiones que para los cargos más relevantes, son designadas personas sobre las que la prensa puede contar, con cierta facilidad, una historia verosímil de afinidades personales o ideológicas, a veces porque los jueces -o fiscales- fueron saltando al legislativo o al ejecutivo y luego volvieron al judicial, lo que debería estar prohibido si realmente se cree en la división de poderes.

Además, la existencia en España de asociaciones judiciales a las que la prensa también atribuye una fuerte ideologización no ayuda en absoluto a la imagen de independencia y preparación técnica de los jueces, que es inexcusable en cualquier sistema político para que sea mímimamente creíble. Hasta el Consejo de Europa ha llamado a España reiteradamente la atención en este sentido.

Funesta sospecha social

Algunos podrán decir que todo lo anterior es inevitable. Que a lo máximo a que podríamos aspirar es a que, como ha solido suceder en Alemania, en Francia o en Italia, la politización de los nombramientos no afecte a la excelencia de la labor de los jueces designados, y que incluso esos jueces personalmente se esfuercen en demostrar -como ha ocurrido varias veces en esos países- que no están politizados. Pero a día de hoy, habiéndose llegado a una generalizada y funesta sospecha social, no se puede caer en la ingenuidad -o mala fe- de querer seguir funcionando igual que hasta ahora, haciendo que cada tendencia política tenga 'su momento' y lo aproveche para nombrar a sus jueces afines, como sucede en el Tribunal Supremo de EEUU, que en este sentido no es, desde luego, un ejemplo a seguir.

Y es que resulta inaceptable tener un Tribunal Supremo en el que se puede decir que existe X número de "conservadores" o "progresistas", igual que en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Igual que no es de recibo poseer un sistema de acceso a la carrera judicial en el que se valora exclusivamente la memoria de los opositores con criterios que, además y por desgracia, ni siquiera son transparentes. También existen insistentes sospechas en ese terreno de haber favorecido el ingreso en la judicatura de un gran número de personas seleccionadas ideológicamente. Ese opaco sistema de oposición es la razón de las sospechas, y por ello debe reformarse en profundidad por el bien de todos, también de los opositores y de los que, aun padeciendo ese sistema, lo superaron, son excelentes jueces y no merecen las sospechas.

Difícil, pero no imposible

Hay que construir, por tanto, un nuevo sistema de acceso a la función judicial y fiscal y a los altos cargos de la justicia en el que únicamente cuente la valoración exclusivamente técnica de la excelencia, lo que es difícil pero en absoluto imposible. También hay que favorecer una selección de personas que no estén ideologizadas, que las hay, aunque parezca mentira. Si algo tienen en común jueces y fiscales es que deben ser neutrales y guiarse por la legalidad. La legalidad la conocen bien por su formación, pero hay que enseñarles también, con especial intensidad, la neutralidad, política y de todo tipo, en esa misma formación.

Es decir, el alejamiento de los extremos, igual que de la propia ideología, a la hora de prestar su función. Ningún cirujano dudaría en salvar la vida a un asesino si tuviera que operarlo. Con la misma rectitud y ecuanimidad deben proceder siempre los jueces y fiscales. Pero ese comportamiento, por desgracia, no es espontáneo. Hay que enseñarlo de una vez, quizá por primera vez.