02 abr 2020

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EL RETO DE LA FISCALA GENERAL

Los fiscales creen que Delgado deberá abstenerse en los asuntos del 'procés'

La LOPJ prevé que los representantes del ministerio público se aparten de temas que haya conocido mientras ejercen "cargo público"

Al despedirse de Justicia, la exministra contó como logro que la sentencia fue por sedición como había pedido la Abogacía del Estado

Ángeles Vázquez

Pedro Sánchez y Dolores Delgado, en el acto electoral de este sábado en Madrid.

Pedro Sánchez y Dolores Delgado, en el acto electoral de este sábado en Madrid. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

Dolores Delgado se despidió el viernes del Ministerio de Justicia destacando como logro que, durante su mandato, "la Abogacía del Estado ganó el juicio del 'procés'". Aquello que podía resultar una mera anécdota es fácil que adquiera una especial relevancia en su nueva responsabilidad, porque como fiscala general del Estado está obligada a abstenerse de los asuntos en los que haya "participado directa o indirectamente" mientras ocupaba "cargo público".

Es lo que dice el punto 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge las causas de recusación de jueces y de abstención de fiscales. Varios representantes del ministerio público consultados por EL PERIÓDICO consideran que, aunque el precepto es interpretable y esa participación en el asunto debe acreditarse, sería aplicable a Delgado si pretendiera dar una instrucción concreta a los fiscales del 'procés' que no les convenciera, por la implicación que demostró con este asunto durante su etapa ministerial y lo ocurrido en la Abogacía del Estado, donde hasta fue relevado el representante en la causa, Edmundo Bal.

Por eso apuntan a que, previsiblemente, ella misma se abstenga de impartir instrucción alguna. Si optara por dar alguna orden a los fiscales del 'procés' que estos no compartieran, se podría encontrar con que ellos le recordaran el precepto que vela por la imparcialidad fiscal

En el Tribunal Supremo la única causa pendiente es la abierta en relación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos. Todas las fuentes consultadas descartan que la nueva fiscala general intente modificar en modo alguno el criterio que la fiscalía ha mantenido en el caso, porque, además de dejarla irremediablemente marcada políticamente, no sería seguida por el alto tribunal.

Es lo que pasó con Julián Sánchez Melgar, cuando, como fiscal general, ordenó informar a favor de la libertad de Joaquim Forn. El fiscal Fidel Cadena lo hizo dejando constancia de que era "por imperativo legal", al ser una orden de un superior. No sirvió de nada, además, porque el juez Pablo Llarena le mantuvo preso.

Por eso las fuentes consultadas descartan que Delgado se plantee algo equivalente. Destacan su inteligencia y su conocimiento de la fiscalía como para pretender salir indemne de un enfrentamiento directo con el ministerio público que obligaría a consultar a la Junta de Fiscales de Sala, formada por la cúspide de la carrera, como prevé el artículo 27 del Estatuto Fiscal para proteger la autonomía de los fiscales. 

Permisos penitenciarios

Además, las principales decisiones relativas al 'procés' pendientes son las que se producirán en relación con los permisos penitenciarios que se les concedan a los condenados, cuya revisión corresponde a los fiscales catalanes.

La antecesora de Delgado, María José Segarra, no hizo nombramientos mientras el Gobierno estaba en funciones, por lo que a la actual fiscala general del Estado le corresponderán decenas de ellos, como los del teniente fiscal del Tribunal Supremo, tres fiscales de sala y renovar a Cadena como responsable de Penal.