21 oct 2020

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EL FUTURO DE LOS PRESOS

UGT pedirá el indulto para la 'exconsellera' Bassa

"Tenemos el deber moral de pedirlo", sostiene el secretario general del sindicato, Camil Ros

Júlia Regué

Camil Ros, secretario general de la UGT de Catalunya en la sede central del sindicato

Camil Ros, secretario general de la UGT de Catalunya en la sede central del sindicato / JOAN CORTADELLAS

Cuando Dolors Bassa fue nombrada ‘consellera’, todos los medios de comunicación destacaron su perfil activista en el ámbito laboral: "Una sindicalista al frente de Treball, Afers Socials i Famílies", titularon. Muy apreciada en estos círculos, tuvo que renunciar a la secretaría de UGT en las comarcas gerundenses para recoger su acta como diputada por JxSí en el 2015. Precisamente ese aprecio quiso subrayar este jueves el secretario general de este sindicato, Camil Ros, cuando anunció que pedirán el indulto para que se conmute parte de la pena que le impuso el Tribunal Supremo: 12 años de cárcel.    

"Tenemos el deber moral de pedir su indulto. Y no como rendición. Es una persona muy comprometida y que queremos mucho", aseguró Ros en una entrevista en Catalunya Ràdio. Su estrecho vínculo con la ‘exconsellera’ hizo que ella tomara las riendas en la comarca cuando él decidió dar el salto a la dirección nacional. Aunque Ros admitió que no han estudiado aún el contenido necesario para solicitar este medida de gracia, la propuesta ya recabó el apoyo de Comissions Obreres (CCOO).

"Nunca hemos estado de acuerdo con el uso abusivo de la prisión preventiva. Además, creemos que cualquier fórmula jurídica para conseguir la libertad (de los políticos independentistas presos) es buena y ayudaría a la estabilidad política", espetó el dirigente Javier Pacheco. Bassa recordó su trayectoria en UGT en su alegato final del juicio y defendió que no pediría su indulto porque "no tenía nada de qué arrepentirse", pero no se opuso a que alguien lo pidiera. 

Regulación de 1870

El indulto se regula en una ley aprobada el 18 de junio de 1870 y se precisa en el Código Penal y en la Constitución. La normativa establece que cualquier persona o institución puede reclamar el indulto de un condenado y para ser beneficiario de esta medida no se requiere mostrar arrepentimiento por parte del reo. 

El Consejo de Ministros, con un informe del Ministerio de Justicia en mano, tiene la última palabra. Puede estimar lo propuesto por el ministerio en cuestión o modificarlo, pero no está en manos de la persona encarcelada rechazarlo. El Rey firmará el decreto, actuando de forma "refrendaria".