20 sep 2020

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Puigdemont trata de que el TC le anule las órdenes de detención

El 'expresident' y Comín recurren en amparo los autos de Llarena con los que se arriesgan al arresto

Argumentan que con la sentencia del TJUE sobre Junqueras gozan de inmunidad desde su elección como eurodiputados

Ángeles Vázquez

El ’exconseller’ Toni Comín y el ’expresident’ Carles Puigdemont, con su credencial de eurodiputados en Bélgica.

El ’exconseller’ Toni Comín y el ’expresident’ Carles Puigdemont, con su credencial de eurodiputados en Bélgica. / ACN / NAZARET ROMERO

Mientras el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decide cómo procede con Carles Puigdemont, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la inmunidad de Oriol Junqueras tras su elección como  eurodiputado, el expresidente de la Generalitat ha decidido adelantarse y tratar de que sea el Constitucional el que se pronuncie primero y revoque los autos del magistrado que ratificaron las órdenes de arresto nacional e internacional dictadas en su contra.

En un recurso de amparo de 46 páginas Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín reclaman al Constitucional que anule la negativa del Supremo a retirar las órdenes de arresto dictadas contra ambos desde que huyeron a Bélgica, ya que gozan de la inmunidad que les confiere su elección como eurodiputados. Sostienen que su levantamiento es "inexcusable" y solo podrían decretarse tras cursar el correspondiente suplicatorio a la Cármara europea. Su argumentación es muy similar a la que ambos utilizaron al responder al propio Llarena en relación con el siguiente paso a dar tras la sentencia del TJUE.

El escrito argumenta que no es necesario plantear una cuestión prejudicial de nuevo a Europa, pero plantean que sí se curse en el caso de que el Constitucional no entienda que debe darles la razón. La propia sentencia del TJUE sobre Junqueras surgió de la consulta que elevó el propio Supremo para resolver el recurso de súplica presentado por su defensa por no dejarle salir de prisión y asistir al Congreso a tomar posesión de su escaño europeo.

El abogado de ambos, Gonzalo Boye, carga contra el instructor de la causa que se mantiene paralizada en el Supremo contra los huidos y alega que vulneró sus derechos, como el de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, a la libertad e igualdad o a entrar y salir libremente de España sin limitación por motivos ideológicos o políticos. Sostienen que ello ha provocado una "situación de anomalía democrática" producida por el "absoluto desprecio" que el Supremo ha tenido respecto de las inmunidades previstas por la Unión Europea, gracias a la que tendrían garantizada su liberad de movimiento y podrían cumplir con el "vínculo" que debe existir entre un parlamentario y sus representados.