El TSJC admite la querella contra Buch por poner escolta a Puigdemont cuando huyó a Bélgica

El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite una querella de la fiscalía contra el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, y un sargento de los Mossos, Lluís Escolà, por el servicio de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su huida de España, mientras cobraba como asesor de Interior.

La querella de la fiscalía, interpuesta en noviembre, acusaba a Buch de los delitos de prevaricación y malversación, al concluir que un mosso que fue asesor del 'conseller' ejerció al mismo tiempo las funciones de escolta de Puigdemont tras su huida de la Justicia española.

El Tribunal admite ahora a trámite la querella al considerar que el relato de la Fiscalía contiene "indicios suficientes" de la comisión de "cada uno de los delitos" que se imputan a Buch. 

Lluís Escolà fue nombrado asesor en julio del 2018, pero dejó el cargo a petición propia en marzo del 2019. Antes, durante y después de este periodo, la fiscalía ve acreditado que ha estado haciendo de escolta del expresidente a pesar de que estaba en situación de "búsqueda y captura".

El mismo día que se presentó la querella, el noviembre pasado, Buch aseguró que "en ningún caso" nombró un asesor para hacer de escolta de Puigdemont. "No está ni entre mis competencias ni en mi voluntad", aseguró en una interlocutoria.

El TSJC considera que el relato de la fiscalía contiene los "indicios suficientes" para admitir a trámite la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos e investigar los hechos. Además, no descarta que la investigación se pueda extender además personas si durante la instrucción se considerara que hubieran "asesorado" a Buch y Escolà en calidad de "cómplices, cooperadores o encubridores de los hechos".

Alegó vacaciones y permisos

En su querella, la fiscalía constata que entre el 30 de octubre del 2017 y el 20 de julio del 2018, Escolà no trabajó ningún día alegando vacaciones y permisos, pero se pudo comprobar que había estado con Puigdemont en Bruselas o en Copenhague.

La Dirección de Asuntos Internos propuso una sanción de cuatro meses de suspensión de trabajo y sueldo y el traslado a otro puesto de trabajo fuera del área de escoltas. El director general de la Policía decidió sancionarlo con el traslado forzoso. En julio del 2018 fue nombrado asesor en materia de seguridad del Departamento de Interior a propuesta del 'conseller' de Interior.

El Departamento de Interior ha aportado algunos informes que Escolà habría elaborado durante su tarea como asesor, pero la fiscalía ha subrayado que no tienen registro de entrada y muchos de ellos no van ni firmados. Examinado uno de ellos, la policía investigadora de los hechos ha constatado que es una copia de un trabajo que ya se había hecho previamente al departamento y que se había publicado con un título muy similar.

Mientras era asesor, continúa el ministerio fiscal, se ha podido acreditar su presencia en Bélgica, Escocia, Suiza, Países Bajos, Islas Feroe, Reino Unido e Irlanda. La querella añade que el propio Escolà informa a través de Twitter de su actividad como escolta. El 7 de marzo del 2019 envió un correo al 'conseller' de Interior pidiendo dejar el cargo.

"Nombrado para proteger a Puigdemont"

Según el propio Departamento, el coste de su trabajo se cuantifica en 52.712 euros. La fiscalía concluye que Escolà fue nombrado asesor "con el propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura", en referencia a Puigdemont. Buch lo nombró "sin la más mínima aptitud formativa" para el trabajo, y no consta "el efectivo desarrollo de actividad de asesoramiento de ningún tipo"."La investigación realizada revela con absoluta claridad que la actividad principal de Escolà fue la de prestar protección y auxilio en materia de seguridad al procesado rebelde señor Puigdemont, actividad que ya venía realizando con anterioridad a su nombramiento como asesor", continúa la fiscalía, que remarca que Escolà no solo hacía la actividad, si no que también presumía a través de las redes sociales.

El ministerio fiscal también subraya que de la investigación se infiere que esta tarea de protección no la hacía en solitario, sino que otros funcionarios colaboraban, y pide que esta cuestión se examine durante el procedimiento judicial. Además, en la querella la fiscalía reclama que Buch y Escolà aporten una fianza de 70.283 euros.