Sánchez e Iglesias pactan la 'derogación' parcial de la reforma laboral y una reforma fiscal a las rentas altas

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado esta tarde en el Congreso de los Diputados su acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición. En el documento, basado en el preacuerdo firmado el 12-N, socialistas y morados han acordado la derogación y recuperación de "los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012" que impulsó el PP, una de las medidas más contundentes y relevantes del pacto. 

"Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del 2012", dice el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones. Sin embargo, el redactado posterior se parece más a una derogación parcial que afecta, eso sí, a los principales aspectos de la legislación que impulsó el PP. En realidad sólo se utiliza el término "derogaremos" en tres casos concretos, que afecta a la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, a la ultraactividad, a la limitación temporal de los convenios colectivos tras perder su vigencia (se recupera la ultraactividad) y a la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.

Para el resto de las numerosas reformas laborales que aparecen en el documento no se usa la palabra "derogaremos", sino otras como "modificaremos", "limitaremos" o "revisaremos". Así, ambas formaciones asumen el compromiso de "modificar" el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. También se "limitará" la capacidad unilateral de los empresarios para modificar las condiciones de los contratos y se "revisará" el mecanismo de inaplicación de los convenios para que el descuelgue salarial solo sea posible bajo causas económicas graves.

Una de las novedades más llamativas que ha sido incorporada al acuerdo de gobierno es el compromiso de "revisar las causas del despido". El objetivo es una precisión de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que permiten despedir con un coste de solo 20 días con un tope de 12 mensualidades (en lugar de la regla general de los 33 días con un tope de 24 mensualidades). Además se prevé recuperar el papel de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y otros expedientes de regulación de empleo.

Pensiones: subida con el IPC y adiós al factor de sostenibilidad

El bloque de pensiones no introduce ninguna novedad respecto a lo que vienen diciendo ambas formaciones desde hace meses y que forma parte del principio de acuerdo en el que avanzó la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en la primera parte del año.

Así, se refuerza el compromiso de subir las pensiones conforme al "IPC real" mediante ley de forma  permanente y de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Se revisarán las bonificaciones a la contratación con el objetivo de estas no lastren las cuentas de la Seguridad Social y se buscarán nuevas fuentes de ingresos permanentes para atender el pago de pensiones.

"Eliminaremos el factor de sostenibilidad (que reduce la cuantía de la pensión a medida que se alarga la esperanza de vida) y el índice de revalorización de pensiones de la Seguridad  Social previstos en la ley 23/2013", afirma el texto que, al mismo tiempo, se compromete a "asegurar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo".

El impuesto digital se aparca

En el ámbito de la fiscalidad, el acuerdo asume la mayor parte de las medidas que ambas formaciones incluyeron en el fallido proyecto de Presupuestos del Estado del 2019. Hay una novedad relevante, sin embargo, y es que se aparca el propósito de aplicar en España un nuevo impuesto digital de forma unilateral, al margen de la Unión Europea. 

"Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea", se afirma. Esta última coletilla no ha sido incorporada, sin embargo en lo relativo al impuesto sobre transacciones financieras para gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Tributación de rentas altas y sociedades

A pesar de que durante la última campaña electoral, el PSOE desterró la iniciativa para subir el IRPF a las rentas más altas, esta ha sido incorporada al nuevo acuerdo en los mismos términos en que aparecía en el proyecto de Presupuestos.

Así, se recupera la propuesta de subir dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además,  se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo. 

En el impuesto sobre sociedades, se retoma el propósito de una tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones (18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos), así como el límite del 5% para la exención de dividendos procedentes de filiales o la rebaja del tipo impositivo aplicable a las pymes, del 25% al 23%.

Protección a los jóvenes

PSOE y Podemos han acordado también que las casas de apuestas no puedan abrir sus puertas hasta las 22.00 horas de la noche, lo cual es una medida pionera porque hoy en día muchos de estos casinos abren más de 12 horas. En el preacuerdo de Gobierno se habían comprometido a "controlar la extensión" de las casas de apuestas pero ahora van mucho más allá al limitar los horarios y permitir sólo la apertura de noche. Asimismo, ambos partidos se comprometen a acotar su cercanía a los centros educativos.

Asimismo, para proteger a los menores se comprometen a "impulsar una protección reforzada para evitar" que tengan "acceso a la pornografía, sujeta a las medidas más estrictas, en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo". En un país donde no hay una educación sexual reglada, muchos menores aprenden sobre relaciones íntimas a través del porno, según se refleja en las encuestas. Ante ello, muchos especialistas habían solicitado que se limitara el acceso. No obstante, el acuerdo no especifica como se realizará el control.

En cuanto al alquiler, otro de los puntos de fricción entre ambos partidos, el pacto señala que se "impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios", pero sin aclarar muy bien cómo, más allá de especificar que los ayuntamientos o comunidades autónomas podrán "regular" las subidas en zonas "previamente declaradas tensionadas"

Catalunya, conflicto político

En el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias se pasa de puntillas por tema catalán. En apenas dos líneas, ambos líderes despachan el asunto. No obstante, se reconoce que existe un "conflicto político" que hay que abordar "impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes".

La única otra mención que se hace a Catalunya es para comprometerse a traspasar a la Generalitat "aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Catalunya en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional".