Puigdemont pide al Supremo que levante la orden de detenerle

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró que Oriol Junqueras adquirió la inmunidad desde que resultó elegido eurodiputado debe tener un efecto inmediato en la causa que se mantiene abierta en el alto tribunal contra él: el archivo inmediato de las actuaciones, porque es eurodiputado y los hechos que se le imputan no son "constitutivos de delito alguno".

El escrito, de 63 páginas, responde al requerimiento hecho a las partes por el juez Pablo Llarena Pablo Llarena, instructor de la causa del 'procés' y en cuyas manos sigue la pieza relativa a los huidos, tras conocerse la sentencia relativa a Junqueras. El abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, pide que sea apartado porque sus decisiones han sido tan opuestas a lo acordado por la justicia europea que su imparcialidad se ha visto comprometida y le insta a levantar cualquier medida cautelar dispuesta en su contra, como las órdenes nacionales e internacionales dictadas por las que habría sido encarcelado de volver a España.

"No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros", proclama.

Además, en respuesta directa a la petición fiscal de solicitar al Parlamento Europeo a la mayor brevedad la posible retirada de la inmunidad que se le ha concedido como europarlamentario, sostiene que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restricción de movimientos ni solicitárselo a la Eurocámara.

Tacha esa posición de "estravagante, grosera y palmariamente ilegal" y añade que esa "ilegalidad en nada se atenúa por la sugerencia de tramitar en paralelo el preceptivo suplicatorio ante el Parlamento Europeo. La obtención de esa autorización es siempre condición previa para la emisión de cualquier orden de detención", asegura el letrado, que se permite hasta ciertas licencias: "Podemos entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los fiscales, pero no podemos olvidar que esto no es una guerra sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el de la Unión".

El escrito relativo a Toni Comín, también elegido europarlamentario en mayo, no se presentará hasta la próxima semana, por contar con mayor plazo. 

Precedentes

Durante su argumentación, esgrime varias resoluciones judiciales anteriores, en las que se pidió el suplicatorio una vez fueron elegidos diputados: el del exdirigente de HB Ángel Alcalde Linares, que acabó huyendo antes de que se aceptara el suplicatorio por el Congreso, y el del empresario José María Ruiz-Mateos, en el que se solicitó después de la apertura de juicio oral y mientras se tramitaba se le dejara en libertad.

El 'expresident' sostiene que es obligatorio el levantamiento inmediato de la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión y de la orden europea de detención desde el momento de la proclamación de diputado al Parlamento europeo, que llevó a cabo la Junta Electoral Central por acuerdo de pasado 13 de junio. Desde entonces, dice, vienen advirtiendo de la inexcusable obligación que tiene "el instructor de levantar cualquier orden nacional, europea o internacional de busca, captura e ingreso en prisión contra él, así como cualquier otra medida cautelar restrictiva de derechos, como consecuencia precisamente de su proclamación como diputado al Parlamento Europeo".

"No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros", afirma el escrito. 

Según la defensa, "es evidente que la relación representativa que une a los miembros del Parlamento Europeo con sus representados obliga a los primeros a mantener vínculos especialmente estrechos con los ciudadanos de la Unión de la circunscripción electoral en la que han resultado elegidos. Ese vínculo es absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado que no solo impediría esa relación con sus electores sino, también y muy significativamente, el poder acudir a las sesiones del Parlamento".