hacia la investidura
Sánchez ve en el triunfo de Junqueras una "oportunidad" para el pacto
El Gobierno asume que el mundo independentista está viviendo como una gran victoria la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que esa euforia puede implicar una dosis extra de presión social sobre ERC en un momento extremadamente delicado. Para conjurar ese riesgo, el Ejecutivo ilumina su apuesta por la “vía política” como cauce de resolución del conflicto territorial. La Moncloa apela a los republicanos para que, en lugar de convertir el fallo de Luxemburgo en un “obstáculo”, lo “aprovechen” como una “oportunidad” para negociar un acuerdo de investidura que abra una nueva etapa de diálogo que ponga fin a la “herencia” judicial que dejó la gestión del PP en la crisis con Catalunya. Desde la prudencia, después de los patinazos dialécticos que han incendiado una semana diabólica, el Gobierno sigue confiando en que el pleno de reelección de Pedro Sánchez se celebre antes de que termine el año o recién estrenado el 2020.
Los socialistas miran directamente a Oriol Junqueras. Sus palabras, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en las que apostó por no detener la negociación por mucha sensación de victoria que implicase la sentencia de TJUE, causaron un gran alivio en el Gobierno, que llegó a la conclusión de que, más allá de la decisión formal de la Ejecutiva de los republicanos que congelaba las conversciones, seguía latiendo la voluntad de llegar a un acuerdo.
En realidad, más allá de la gesticulación casi obligada a las puertas del congreso de ERC (este sábado), el partido independentista y el Ejecutivo dejan el mismo mensaje. “Espero que aprovechen la oportunidad. Les ponemos en bandeja el cambio de vía, pasar de la judicialización a hacer política”, defendía el presidente de ERc en el Parlament, Sergi Sabriá. “"No convirtamos en obstáculo no lo que no lo es, aprovechemos la oportunidad que se nos presenta con la sentencia del TJUE" para volver a la “vía política", respondió unas horas después la la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, quien evitó hablar de negociación congelada y subrayó la posición del líder de ERC como criterio guía. “Si ese ánimo [de volver al cauce de la política] es adecuadamente compartido, como parece por las declaracines del sr. Junqueras, esto llegará a buen puerto", aventuró.
Dejó claro que en la Moncloa no han tirado la toalla y que aunque la sentencia del TJUE supone algún “pormenor” si se levanta la mirada el pacto sigue estando al alcance de la mano antes de que termine el año. Los plazos son posibles pero complicadísimos, máxime teniendo en cuenta que la Abogacía General del Estado, dependiente del Gobierno, no presentará sus alegaciones a la resolución de Luxemburgo como pronto hasta el lunes. Según Celaá, los servicios jurídicos están estudiando “profusamente” la sentencia europea, que abarca veinticuatro páginas. ERC confía en que este órgano haga un gesto de buena voluntad y se alinee con las tesis del TJUE, que determinó que Junqueras era europarlamentario y disponía de inmunidad desde el 13 de junio.
“La sentencia obliga a mirar de frente el problema de fondo”, admiten fuentes socialistas, que insisten en que el TJUE “ha iluminado” cuál debe ser el camino hacia el pacto porque ha dejado claro “cuál es el escollo principal”.
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