Torra ataca al Estado tras su inhabilitación por los lazos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se convirtió ayer en el primer mandatario catalán sobre el que pesa una sentencia de inhabilitación durante el ejercicio de su mandato. La resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la que se le condena a una inhabilitación de un año y medio y una multa de 30.000 euros por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat es dura. Torra optó por la respuesta política.

La pregunta clave, ahora, y sin respuesta todavía, es cómo afronta JxCat la posible inhabilitación definitiva de Torra si el Tribunal Supremo ratifica el fallo. En ese escenario, Torra podría avanzarse y convocar las elecciones antes de que el vicepresidente, Pere Aragonès, asumiera las funciones de ‘president’ y se buscara un candidato alternativo del Parlament. Otra opción pasaría por intentar lograr ese aspirante. Y en cualquier caso, en el espacio de JxCat está pendiente la clave: quién sería el candidato tras Torra.

Una resolución contundente

El ‘president’ recibió la sentencia judicial, de 58 folios, que considera probado que Torra desobedeció de forma explícita y reiterada la orden de la Junta Electoral Central (JEC), que era un mandato «claro e imperativo»: retirar la pancarta con los lazos amarillos debido al inicio del período electoral cara a los comicios generales del 28 de abril.

El fallo desmonta todos los argumentos de Torra y recuerda que incluso los servicios jurídicos, en enero, le recordaron que la libertad de expresión no es un valor absoluto en manos del Govern. El Síndic de Greuges también remitió al ‘president’ un informe recomendándole que retirara los símbolos. Es más –y eso ya no es objeto de la sentencia–, hubo miembros del Ejecutivo catalán que discreparon de la contumacia de Torra, que finalmente ordenó retirar los lazos cuando la JECordenó a los Mossos d’Esquadra hacer lo propio. 

El TSJC también responde al argumento de Torra en el juicio según el cual la JEC no tiene un rango jerárquico superior al  ‘president’. El tribunal recuerda que Catalunya no dispone de ley electoral propia por lo que, al ir el caso más allá de una junta electoral provincial, era la JECla que podía dictar las órdenes. Pero esta supuesta falta de poder de la Junta Electoral Centralno la esgrimió Torra en sus escritos de abril. Solo en el juicio.

A todo ello se añade que el argumento del ‘president’ sobre la dificultad de retirar todos los símbolos no era congruente con la facilidad con la que finalmente se acató la orden de la JEC.  En suma, el TSJCrecoge «la recalcitrante y reiterada actitud desobediente» de Torra «y su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente en, al menos, dos acuerdos (del 11 y del 18 de marzo) firmes y ejecutivos ambos». «Atendido además el alarde público del hecho desobediente», añade.

Mensaje en clave interna

Pero de todos estos argumentos técnicos no habló ayer Torra en una comparecencia sin derecho a preguntas. Su estrategia fue la misma que durante el juicio: un desafío político a la justicia española y una proclamación en favor de la autodeterminación. Cargó contra la justicia española pese a que recurrirá al máximo órgano judicial estatal, el Supremo, para agotar todas las vías de defensa hasta llevar el caso a los tribunales europeos. En clave política es significativo cómo, en el contexto de las negociaciones entre PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez, el ‘president’ cargó contra las consecuencias de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que aupó a Sánchez. «No sirvieron de nada los cheques en blanco ni los pagos por anticipado», espetó.

Torra se deshizo en descalificaciones respecto a la justicia española («el Estado persigue, criminaliza y reprime y pretende poner y quitar presidentes y gobiernos en Catalunya»)  y pidió el apoyo del Parlament ante su situación judicial. «A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo puede hacerlo el Parlament. He pedido a los grupos parlamentarios que me ofrecieron su apoyo y a los que se opongan a la represión para hacer política que lo expresen en una votación en el Parlament», proclamó.

Se trataría de que la Cámara aprobara una resolución de apoyo a Torra para esgrimir un pulso entre «la legitimidad democrática catalana y la legislación española» y de que el Parlament sostenga «que los presidentes de este país no los deciden los tribunales con procedimientos irregulares, politizados». Torra acabó apelando al referéndum y a la independencia y se felicitó por la decisión de la justicia europea en el caso Junqueras.