LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Anticorrupción pide 7 años de cárcel para la cúpula de UGT Andalucía por el fraude de las subvenciones

La Fiscalía estima que el total defraudado a la Junta mediante facturas falsas y alquileres simulados asciende a 40,7 millones de euros

Operación policial contra la cúpula de UGT Andalucía, en junio del 2014

Operación policial contra la cúpula de UGT Andalucía, en junio del 2014

Julia Camacho

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La Fiscalí Anticorrupción solicita un total de 26 años de prisión y multas de hasta 50 millones de euros para la antigua cúpula de UGT Andalucía por el desvío de subvenciones públicas para gastos del sindicato mediante un complejo entramado de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde supuestamente se impartían cursos de formación. Anticorrupción estima que el sindicato habría desviado 40,7 millones de euros, una cantidad que ahora deberá ser devuelta en forma de indemnización a las arcas públicas ya que, asegura, el grueso de "la actividad ordinaria de la entidad se acabó sufragando con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral  apertura de juicio oral para cinco miembros de la antigua dirección de UGT Andalucía, entre ellas el exsecretario general de sindicato, Francisco Fernández Sevilla, que se vio obligado a dimitir en el 2013 presionado por este escándalo tras apenas siete meses; el que fuera tesorero y secretario general de Administración de UGT-A entre 1998 y 2013, Francisco Fresneda; la secretaria de Gestión Económica, María Chapín, y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. (la sociedad creada por el sindicato para gestionar las aulas de los cursos de formación), para quienes pide siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros a cada uno como autores de los presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil. Para la responsable del departamento de compras, Lola Sánchez, rebaja la petición a cinco años de prisión.

Asimismo, pide la imputación de otras diez personas, todas ellas proveedoras del sindicato, para quienes pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros en calidad de cooperadores necesarios para los mismos delitos.

"Plan para financiarse"

Según establece el escrito de acusación, "con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos", los exdirigentes sindicales "pusieron en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente".

La fiscalía detalla, a través de las diversas facturas incluidas en el sumario, las distintas vías por las que se urdió el fraude, y que pasaban por la central de compras implantada en el sindicato por el ex secretario general Manuel Pastrana en 2006 para unificar la relación con los proveedores, que fueron seleccionados "sin más criterio que la libre voluntad" del secretario general de Administración "y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían". Pastrana, que estuvo en el cargo 15 años, no está imputado en la causa dada su "situación de incapacidad sobrevenida".

El modus operandi

El escrito de la Fiscalía detalla el modus operandi del fraude. Por un lado, se negociaba con los proveedores "un descuento ante la ingente actividad comercial", que se pactaba verbalmente o como cláusula expresa y que UGT exigía que "no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta forma, el descuento final, denominado 'rapel', era abonado al sindicato pero no quedaba recogido en las facturas presentadas ante la Dirección General de Formación de la Junta, "ocultándolo y lucrándose así en el exceso". Según la fiscalía, la comisión ejecutiva sindical decidía sobre el reparto entre las distintas Uniones Provinciales de ese montante acumulado.

Otro de los métodos de fraude era el denominado "bote", mediante el cual la dirección sindica, encargaba a ciertos proveedores "de confianza" la elaboración de facturas simuladas "sin responder a realidad o negocio jurídico alguno", que se identifican con "un programa formativo o conceptos genéricos y se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa". Esta acción que contaba con su propio programa informático de contabilidad permitía, dice la fiscalía, "que el sindicato sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote". Así, UGT cargó a este concepto desde la compra de bolígrafos a globos, pegatinas o carteles para movilizaciones diversas, como queda acreditado en las facturas que obran en la causa.

Según la Fiscalía, UGT Andalucía también organizó un sistema de "alquileres simulados por las aulas empleadas para la formación" mediante la empresa Soralpe. El sindicato también imputó a esas ayudas públicas los salarios de empleados a los cursos, "cuando realmente no trabajaban en ellos", así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato, desde las facturas del teléfono a la limpieza. "En otras ocasiones, y siempre imputables a los expedientes de ocupados, los responsables del sindicato simularon ante la administración ser los directamente ejecutores de la acción formativa, cuando en realidad la subcontrataron a terceros, presentando los contratos de estos como si de simples proveedores se tratara".