Las cárceles proponen el segundo grado para los presos independentistas

"Intenso debate", falta de unanimidad y resultado ajustado. Este es la definición de como se han desarrollado este miércoles las juntas de tratamiento de las cárceles de Mas Enric, (El Catllar, Tarragona), Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) y Puig de les Basses (Figueres), compuestas por técnicos, que han propuesto, al final, clasificar penitenciariamente a los nueve líderes independentistas encarcelados por la sentencia del 'procés' en el segundo grado u ordinario, que permite únicamente permisos de días a los internos (36 días al año) y abre la puerta a un régimen excepcional como es el 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que se aplicó al exdiputado Oriol Pujol para que pudiera salir de la cárcel durante la jornada laboral (por la noche y los fines de semana debe permanecer en el centro) para trabajar y hacer voluntariado.  

Esta resolución la tendrán que revisar la Secretaria General de Mesures Penals de la Conselleria de Justicia, que deberá pronunciarse en un máximo de dos meses si la ratifica o no. Fuentes penitenciarias han aputado que lo habitual es que se este órgano, cuyos miembros también son técnicos, den el visto bueno a la propuesta de la juntas de tratamiento. Como aclaró Amand Calderó, el responsable de las prisiones catalanas, si no fuera así se constataría que no se trabaja en sintonía. La clasificación incial puede ser recurrida por la fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria, pero, en este caso y en segunda instancia, ante el Tribunal Supremo, que es quien dictó la sentenca de los dirigentes independentistas . 

La decisión se ha tomado después de un "intenso debate" en el seno de las juntas de tratamiento de las prisiones, cuyo presidente tiene un voto de calidad, y que se han celebrado de forma "simultánea". La clasificación en segundo o tercer grado de régimen abierto (solo ir a dormir a la cárcel y los fines de semana en casa) marcó la disputa. El resultado de la votación, que no ha querido ser revelado por Calderó por las característica de estos equipos técnicos, ha sido ajustado. Es decir, la división fue notable. Uno de los incovenientes de catalogar a los presos independentistas en tercer grado o de entrada era la duración de la condena, ya que se les impuso penas entre de 9 a 13 años de prisión, más inhabilitación. Los grados se deben revisar como máximo cada seis meses.

Precisamente por este motivo,  las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron este martes que se propondría la aplicación del segundo grado y anunciaron que lo recurrirían, y desde JxCat, su abogado, Jordi Pina, mostró el firme convencimiento de que la clasificación debería ser de tercer grado, cosa que no ha ocurrido. A pesar de que la Secretaria General de Mesures Penals tiene dos meses para ratificar o no la propuesta, es muy posible que este plazo se acorte. La razón: a mediados de enero Jordi Cuixart y Jordi Sánchez pueden empezar a solicitar permisos ordinarios, al haber cumplido una cuarta parte de la condena. Y solo pueden pedirlos si están clasificados de forma oficial en segundo grado penitenciario. En caso contrario, sufrirían un agravio, al verse obligados a retrasar la posibilidad de abandonar el centro penitenciario, aunque sólo sea por unos días. 

Flexibilización de la medida

Tras las confirmación de la propuesta de grado, se abre la posibilidad de que a todos los dirigentes sobreanistas encarcelados se le aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario (caso Oriol Pujol) que supone que los reclusos pueden salir de la cárcel para trabajar y hacer voluntariado, y solo deberán acudir a un centro para dormir durante las jornadas laborables. Este precepto establece la posibilidad de "hacer el sistema más flexible" respecto a cada penado en el marco de "un programa especifíco de tratamiento". 

Esta medida "excepcional" la acuerda directamentre la junta de tratamiento de las cárceles y no pasa por la Secretaria de Mesures Penals, aunque necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. En el caso de recurso, se presentaría ante la Audiencia de Barcelona y se esquivaría el Supremo. En el caso de Oriol Pujol, la fiscalía tildó el uso de este artículo del reglamento penitenciario de tercer grado "encubierto". La Fiscalía General del Estado cuestionó en su última memoria la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos independentistas, al tiempo que criticaba la "anormal" presencia de políticos catalanes en la cárcel de Lledoners y las asiduas manifestaciones alrededor del centro. 

En la legislación penitenciaria hay otro artículo, el 117, que se otorgó a Iñaki Urdangarín, Iñaki Urdangarínque permite a internos de "un perfil de baja peligrosidad social" y no "ofrezcan riesgo" de fuga acudir a una institución exterior "para realización de un programa concreto de atención especializada" para su reinserción, como puede ser un voluntariado.

En plena negociaciones

El calendario de clasificación coincide de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un proceso en el que no es descartable que los republicanos exijan un gesto al Gobierno para que la Fiscalía no obstaculice, por la vía de recursos, los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los líderes independentistas.

Calderó ha iniciado este miércoles su comparecencia ante la prensa haciendo una cerrada defensa del sistema penitenciario catalán, su "honestidad y transparencia" y sus exitosos resultados al prevenir la reincidencia de los reclusos, después de los roces suscitados ayer entre ERC y JxCat por la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas.

En ese sentido, subrayó que el propósito de los servicios penitenciarios de la Generalitat es trabajar ajenos al "ruido" y defendió que las juntas de tratamiento son "mesas estrictamente técnicas" que adoptan sus decisiones "al margen del debate político", por lo que no "permitirá" que se ponga en duda su profesionalidad. Además, insistió en que que las condenas las imponen los jueces y que la Generalitat se limita a "ejecutarlas", por lo que la consellería de Justicia actúa meramente en cumplimiento de un "mandato judicial".