El fiscal responde a Trapero que por ahora no cambiará su acusación

La fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene previsto "en este momento procesal" modificar la acusación de rebelión que formuló contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, pese a que al haber establecido la sentencia del 'procés' que lo ocurrido en el otoño de 2017 en Catalunya fue sedición parece difícil que se le pueda condenar, en su caso, por un delito más grave. Justo basándose en esa resolución la defensa del exjefe de los mossos le instó a pronunciarse ya sobre si cambiará esa calificación por la de sediciónsedición.

La abogada Olga Tubau pretendía que la fiscalía se pronunciase antes de celebrarse el juicio, cuyo comienzo se prevé para el próximo 20 de enero, para tratar de eludir la Audiencia Nacional y lograr que las actuaciones se remitieran a la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, el teniente fiscal de la fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no tiene intención de modificar su calificación, "sin perjuicio de lo que resulte tras iniciarse el juicio oral". La ley de enjuiciamiento criminal prevé que las conclusiones provisionales de solicitud de pena sean modificadas al concluir la prueba en la vista oral, casi cuando está a punto de finalizar.

La defensa basaba su petición en que la Audiencia Nacional solo en competente para juzgar los delitos de sedición que atentan contra las formas de gobierno y eso no casaría con lo establecido por el Tribunal Supremo a la hora de condenar a los líderes independentistas juzgados por hechos similares a aquellos por los que se acusa a Trapero, la intendente Teresa Laplana y la que era cúpula política de la Policía de la Generalitat.

La diferencia de criterio entre la posición fiscal y lo concluido por la Sala Segunda llevó a la fiscala general del Estado, María José Segarra, a asegurar que el ministerio público tendría en cuenta las "reflexiones" del Supremo y se abrió a cambiar de rebelión a sedición su acusación contra Trapero, aunque en el trámite de conclusiones definitivas, al final del juicio.

La Fiscalía pide once años de cárcel para el mayor al considerarlo una "pieza clave" para llevar a cabo los planes secesionistas del Govern de Carles Puigdemont por un delito de rebelión, que habría cometido tanto al facilitar la celebración del 1-O como no impedir las protestas que se produjeron durante los registros y arrestos de la operación Anubis el 20 de septiembre, especialmente, frente a la Consejería de Economía.