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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Anticorrupción pide imputar a Chaves y Zarrías por un préstamo de 5,8 millones a una empresa

Sostiene que nunca tuvo voluntad de recuperarlo, por lo que apunta a indicios de prevaricación y malversación

Julia Camacho

Manuel Chaves.

Manuel Chaves. / RAÚL CARO / EFE

Anticorrupción ha pedido investigar al expresidente andaluz Manuel Chavescondenado recientemente a nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos, y a otros nueve exaltos cargos, entre ellos los exconsejeros también condenados Antonio Fernández y José Antonio Viera o Gaspar Zarrías, por un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a una empresa cárnica de Jaén y cuya totalidad no pudo ser recuperada. Según la Fiscalía, “el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado”, lo que causó un menoscabo de los fondos públicos de 3,7 millones de euros, por lo que pide abrir una nueva causa judicial por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

El escrito de la Fiscalía, adelantado este lunes por Diario de Sevilla, se presentó en la Audiencia el pasado 20 de noviembre, apenas un día después de conocerse la sentencia que condenó a Chaves y buena parte de su cúpula política durante una década. Anticorrupción entiende que pese a las dos décadas transcurridas, no habría prescrito aún dado que el organismo pagador aún no lo ha computado como pérdida y sigue activo. Así, pide investigar a Chaves, a sus exconsejeros Gaspar Zarrías (Presidencia), Guillermo Gutiérrez (Trabajo), Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo) o Francisco Vallejo (Innovación), pero también al ex director de Trabajo, Javier Guerrero, a otros tres ex altos cargos de la Junta y a cinco directivos de la empresa beneficiaria.

Esta ayuda sociolaboral fue precisamente la que dio origen poco después al procedimiento de los ERE, según fijó la sentencia. Y es que fueron los reparos que planteó la Intervención General y las incompatibilidades que generó esta ayuda pública con la normativa europea lo que llevó al Ejecutivo andaluz del PSOE a poner en marcha las transferencias de financiación, un nuevo sistema más ágil en lo burocrático, pero considerado prevaricador por su opacidad y discrecionalidad. No obstante, se gestionó un año antes de la puesta en marcha de ese nuevo sistema, por lo que no tiene nada que ver con la partida 31L ni se incluye en el centenar de piezas desgajadas y vinculadas a éste.

Un "anticipo de futuras ayudas"

En este sentido, la fiscalía señala ahora que, en 1999, la Junta concedió una ayuda sociolaboral a Hijos de Andrés Molina (Hamsa), más tarde conocida como Primayor, para acometer la regulación de plantilla, pero la Comisión Europea declaró que en ese caso eran “incompatibles” con las ayudas públicas ya recibidas, de ahí que el Gobierno central reclamara su devolución y dejara a la empresa al borde de la quiebra. Ante ese escenario, Anticorrupción entiende que la Junta decidió otorgar su ayuda bajo la forma de “anticipo de futuras ayudas para la inversión y creación de empleo y bajo la figura de un préstamo puente” del Instituto Andaluz de Fomento (IFA) por importe de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros).

En noviembre de ese año, el Consejo de Gobierno presidido por Chaves ratificó el acuerdo, y un mes después Junta y empresa suscribían un documento en el que se establecía que la Junta adquiría el compromiso de “abono completo” de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado anteriormente hasta alcanzar los 2,8 millones de euros. Sin embargo, no se ha encontrado documentación alguna donde conste la “condonación, declaración de fallido o conversión” del importe total del préstamo.

"Disposición arbitraria de fondos públicos"

La Fiscalía aprecia en estos hechos “indicios racionales de criminalidad” dado que “podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa”.

"El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas” en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza judicial.