Moncloa, Parlament, Barcelona: cuentas a tres bandas

Moncloa, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona. Sigue en marcha la partida de billar a tres bandas en la que Pedro Sánchez quiere atar la investidura y encarrilar sus Presupuestos. Una negociación que podría ir de la mano de la aprobación de las cuentas de Quim Torra y las de Ada Colau.

Existe optimismo en los tres frentes, aunque el fracaso de la última carambola presupuestaria invite a la cautela. La última vez que se buscó una jugada a tres bandas todo saltó por los aires y acabó desembocando en las primeras elecciones generales de este año, después de que ERC y el PDECat rechazaran en febrero los Presupuestos Generales del Estado que habían pactado el PSOE y Unidas Podemos. Ninguno de los actores implicados quiere que vuelva a ocurrir lo mismo ahora. "El fracaso ha servido de experiencia", valoran los 'comuns'. "Todo el mundo es más consciente de la necesidad de llegar a acuerdos [...]. No es un cambio de cromos, pero hay cosas que se refuerzan", explican.

Para conformar un Gobierno progresista, Sánchez y Pablo Iglesias necesitarían la abstención de ERC en la segunda votación de investidura. Los republicanos ya se han abstenido en la aprobación inicial de las cuentas de Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona. Para que los 'comuns' devuelvan el favor y permitan aprobar las cuentas catalanas, prorrogadas desde el 2017, el Govern ya ha empezado a hacer gestos. 

Las condiciones de Catalunya en Comú

Desde la confluencia de Colau valoran el hecho que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acepte abordar la rebaja de las tasas universitarias o avances en materia de fiscalidad, como sucesiones e IRPF. Estas eran algunas de las condiciones que Catalunya en Comú puso en las negociaciones del año pasado, muchas de las cuales se mantienen. Entre ellas, una reforma fiscal progresiva y ambiciosa, unos presupuestos que reviertan los recortes de los últimos años y que incluyan partidas para guarderías y transporte público. Aunque valoran que las conversaciones van "por el buen camino", señalan que "aún queda mucho camino por recorrer" y que no darán "un cheque en blanco".

Los agentes sociales más directamente perjudicados por los recortes y la congelación presupuestaria han ejercido una presión notable en las últimas semanas para que la Generalitat ponga al día las tarifas que paga a las entidades del tercer sector, entre otras insuficiencias pendientes de poner al día. Sin contar también las que afectan al sector sanitario -pacto por la puesta al día de la atención primaria, cuya concreción todavía se espera-, necesidades educativas en ámbitos como las guarderías o impulso a la renta garantizada de ciudadanía.

En el Govern, más allá de la presión verbal del 'president' Torra respecto a la investidura de Pedro Sánchez, lo cierto es que las negociaciones entre los 'consellers' y los 'comuns' progresan de forma más que notable, según explican miembros del Consell Executiu. "Las negociaciones para los presupuestos están muy avanzadas. Tengo confianza", explica uno de los implicados en el diálogo, que ya ha entrado en cuestiones de detalle presupuestario en las reuniones sectoriales que se han producido el jueves y el viernes de esta semana.

Con los números en la mano, se plantean ya las medidas concretas a aplicar en cuestiones como revertir la subida de tasas universitarias. La discusión se centra en si una rebaja lineal del 30% de las mismas es o no una medida equitativa, y en cómo también atender la diferencia entre grados y másters o la necesaria inyección económica en el ámbito de la investigación universitaria.

Gesto de reciprocidad

Uno de los síntomas de que la discusión está encarrilada es que tras la reunión bilateral entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona el pasado lunes, la instrucción del Govern a los concejales de Junts per Catalunya en la capital catalana ha sido clara: toca facilitar las cuentas de Colau, mal que le pese a algunos en la posconvergencia. Se trata de un gesto de reciprocidad en un contexto en el que se están trenzando alianzas a tres bandas. Estabilidad y mejoras de inversión social en todos los sentidos.

El ayuntamiento está cerca de aprobar unos presupuestos por mayoría absoluta mediante un pacto entre grupos, algo que hace cinco años que no sucede. Los republicanos son conscientes de que sus 10 concejales son decisivos y su presidente en el consistorio, Ernest Maragall, planteó esta semana una reclamación para contemplar el pacto: que el gobierno sume 100 millones a la inversión prevista en su proyecto de presupuestos, que es de 440 millones (de 548 millones si se incluye la inversión prevista por las empresas Barcelona de Serveis Municipals y el Instituto de la Vivienda).

Según fuentes municipales, el equipo económico del gobierno trabaja para tener preparada una lista de la compra en forma de iniciativas añadidas que permita incrementar la inversión en esos 100 millones que reclama ERC. Y si no son 100 serán 80, en todo caso los suficientes para que los republicanos puedan argumentar un voto a favor a los presupuestos. 

El último pleno en Barcelona está previsto para el 20 de diciembre, justo el día después en el que Sánchez confía en poder ser investido en segunda votación. Si la negociación requiere más tiempo, la alcaldesa Colau se guarda una segunda carta, la de celebrar un pleno extraordinario el 27 de diciembre. A estas alturas, el gobierno municipal cree que no será necesario. El asunto de los presupuestos catalanes no se resolverá hasta el 2020, ya que el Govern, en caso de alcanzar el 'sí' de los 'comuns', no los sometería a votación en el Parlament hasta después del 15 de enero.

La posición de los presos

En el frente de Madrid, el Gobierno socialista es optimista cara a amarrar no solo la investidura, sino a garantizarse que esta vez ERC no le tumbe los Presupuestos. Aunque la negociación no será un camino de rosas, dado que en JxCat persisten las posiciones contrarias a facilitar que Esquerra se abstenga ante Sánchez sin coste alguno. La presión de los sectores más radicales del independentismo no será menor. Pero en esta ecuación existe un factor pacificador: los presos.

Su posición -no unánime- es favorable al diálogo por razones políticas y también atendiendo a sus necesidades penitenciarias. Su papel no es menor a la hora de influir en la opinión pública independentista. Y cabe subrayar que hasta ahora no han planteado exigencias irresolubles a Sánchez ni líneas rojas. Ya las borraron, de hecho, en la campaña electoral de abril, cuando la candidata posconvergente, Laura Borràs, fiel a las tesis de Carles Puigdemont, trató de trazarlas sin éxito ni quórum interno.