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Sánchez y Torra, un año perdido

El Gobierno socialista se prepara para volver a la casilla de salida del diálogo territorial

El Ejecutivo central ha presentado ocho recursos ante el Constitucional y solo ha retirado tres

Iolanda Mármol / Juan Ruiz Sierra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Quim Torra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Quim Torra. / MANU FERNANDEZ AP

Cuenta el entorno de Pedro Sánchez que cuando Quim Torra visitó la Moncloa, en julio del año pasado, se vanaglorió ante el presidente del Gobierno central de que este, como tal, iba a tener que afrontar el problema de una Catalunya con casi la mitad de la población apoyando el independentismo. Su perspectiva sorprendió al Ejecutivo socialista. Impactó que el máximo dirigente de la Generalitat considerase que tener a la sociedad catalana partida en dos fuera un aprieto para el Estado, pero no para su Govern.

La anécdota refleja bien cómo, ante la ausencia de una visión compartida en lo más esencial, la errática relación entre ambos ejecutivos para abrir una nueva etapa ha dado tumbos hasta volver a la casilla de salida. Desde la reunión de Pedralbes, en diciembre del 2018, cuando Torra y Sánchez pactaron un documento que reconocía la "existencia de un conflicto" en Catalunya que había que abordar "desde el diálogo efectivo", se ha perdido casi un año. Reconocen altos cargos del Gobierno que focalizar el diálogo en el 'president' no fue la decisión más inteligente. Pero lejos de fustigarse, la Moncloa mira adelante. Sobre todo, mira a ERC.

Nadie en el Gobierno esperaba que el diálogo con Catalunya fuese a ser un camino de rosas, de modo que los primeros mensajes que dejó Sánchez al ser elegido presidente tras la moción de censura fueron gestos, que parecían inequívocos, de acercamiento. De empatía. El presidente defendió que ante un conflicto de carácter político el Estado no podía atrincherarse tras los tribunales, como venía haciendo el PP. Prometió que no abriría "ninguna vía judicial más" e insistió en que el Ejecutivo tenía "un proyecto para Catalunya". 

El balance

En esta lógica, el Gobierno comenzó a trabajar para retirar de la justicia los recursos que Mariano Rajoy había planteado sobre leyes aprobadas por el ParlamentEl balance, no obstante, queda abierto a reflexiones. Desde junio del año pasado, el Estado ha presentado tres desistimientos. Uno, total, sobre la ley para garantizar la asistencia sanitaria universal. Otros dos, parciales, sobre las medidas urgentes en materia de vivienda y pobreza energética, y sobre la norma para evitar que las personas mayores sin recursos pudiesen ser desahuciadas.

El otro platillo de la balanza pesa bastante más: Sánchez ha presentado ocho recursos contra decisiones tomadas por el Parlament y el Govern. A pesar de haber criticado la vía judicial empleada por el PP con Catalunya, Sánchez recuperó esa fórmula especialmente desde la ruptura con ERC que truncó los Presupuestos y desembocó en el adelanto electoral de abril.

El Gobierno ha impugnado el plan de acción exterior de Torra y la resolución parlamentaria para la creación de una comisión de investigación sobre la Monarquía. También ha planteado incidentes de ejecución de sentencia contra la resolución para una "Catalunya real" o los acuerdos de la Mesa del Parlament de debatir sobre la sentencia del 'procés'. Y ha aprobado decretos como el que busca fulminar la 'república digital' catalana.  

Territorio hostil

El Gobierno admite que el punto de inflexión, donde la posibilidad de diálogo se quebró, fue la decisión de ERC de tumbar los Presupuestos, en febrero, aunque subraya que ya hubo señales de alerta algo antes. Sánchez decidió celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona, en su apuesta por la distensión. La fecha escogida fue el 20 de diciembre. En el mundo independentista sentó mal, porque era el aniversario de la aplicación del 155 y lo sintieron como un agravio. En el Ejecutivo admiten que ni se dieron cuenta. Lo mismo ocurrió con el nombre del aeropuerto de Barcelona. El Gobierno decidió bautizarlo Josep Tarradellas. Los dirigentes independentistas criticaron que fuera impuesto. Cuando Sánchez caminó por aquella ciudad blindada por la policía para garantizar su seguridad, tuvo la sensación de estar en territorio hostil, explican sus colaboradores.

Pocos días después, cuando Torra desveló que le había planteado una lista de 21 puntos que incluía el derecho de autodeterminación y un referéndum sobre la Monarquía, la Moncloa pensó que, quizá, el diálogo solo se estaba intentando desde Madrid, mientras que el Govern buscaba excusas de victimización y gestos de desafío al Estado. 

El botón rojo

ERC fue quien pulsó el botón rojo. Alegan los republicanos que cuando ellos presentaron la enmienda a la totalidad que tumbaba los Presupuestos, el presidente ya tenía decidido adelantar las elecciones. Pero, además, recuerdan que ni siquiera recibieron el borrador de las cuentas públicas pactadas por Sánchez y Pablo Iglesias. Las conocieron a través de la prensa. 

Ahora, en el Gobierno, son muy conscientes de que no pueden permitirse nuevas torpezas en los gestos. Ni una excusa para romper. Pero también, que del otro lado Torra no ayudó en ningún momento y que la relación tiene que ser distinta con ERC.