El juez exculpa a los periodistas que informaron del 'caso CDR'

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, ha dejado sin efecto la imputación de los 12 periodistas de ocho medios de comunicación a los que atribuía un delito de revelación de secretos por haber publicado datos del sumario secreto que instruye la Audiencia Nacional contra siete CDR acusados de terrorismo.

De esta manera, el magistrado ha estimado parcialmente el recurso presentado por la fiscalía en el que reclamaba, en base al derecho a transmitir información veraz, que se anularan las citaciones previstas. Los informadores, por lo tanto, no tendrán que acudir este viernes a los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla. El togado ha decidido, sin embargo, continuar con las pesquisas para esclarecer desde dónde se produjo la filtración.

De esta manera, el juez ha levantado la imputación de profesionales de la Cadena Ser, 'El País', 'ABC', 'El Confidencial', 'El Mundo', 'La Vanguardia', 'El Español' y RTVE. Según fuentes judiciales, tras el análisis del testimonio recibido por la Audiencia Nacional y de un escrito presentado por la representación de uno de los CDR que denunció la filtraciones, el magistrado considera que no se puede sostener ni mantener la citación como investigados de los periodistas. Tampoco se puede citar, por ahora, afirma, a los medios de comunicación a través de los que se divulgaron las noticias sobre la investigación abierta contra el grupo radical independentista. 

En su recurso, hecho público el pasado viernes, la fiscalía sostenía que "la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz e interés público", por lo que no es constitutiva de delito. A su juicio, no se puede exigir a los periodistas responsabilidad penal, dado que actuaban en "el ejercicio legítimo de su profesión u oficio". Todo ello sin perjuicio de que, si existen indicios de la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia, se les pudiera citar como testigos para "investigar el modo en el que obtuvieron dicha información, lo que podría proporcionar datos para la identificación de los presuntos autores del citado delito".

En la resolución en la que se levantan las imputaciones, el juez admite que comparte el derecho a la transmisión de información veraz sobre asuntos de interés general o relevancia pública, aunque precisa que él también tiene la obligación de investigar  hechos que pudieran ser delictivos.

Secreto levantado de forma parcial

La causa tiene su origen en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por las defensas de los presuntos miembros de un ala radical de los CDR, investigados por terrorismo, que solicitaban que se indagara en la "filtración masiva" del sumario, cuyo secreto se ha levantado de forma parcial recientemente. Al no ser competente la Audiencia Nacional, el juez que les investiga, Manuel García Castellón, lo envió a los juzgados de Madrid en atención al informe de la fiscalía de la misma Audiencia.

Cuando se conoció la noticia de la imputación, varias entidades como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) o la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) mostraron su rechazo a la decisión del juez y defendieron que el deber de los periodistas es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público.