tras las elecciones del 10-N
El Senado gastará 1,3 millones en el finiquito de los políticos que dejaron el cargo
El Senado ha dedicado un total de 1.329.096 euros a abonar la llamada "indemnización de transición" prevista para los senadores de la XIII Legislatura que dejaron de ser parlamentarios por la disolución de las Cortes, es decir, todos salvo los que forman parte de la Diputación Permanente.
La Cámara Alta ha publicado en su portal de transparencia la relación de los 173 senadores que solicitaron percibir esta paga única de 7.678,86 euros. Esta cantidad fue fijada por la Mesa el pasado 25 de septiembre y resulta de multiplicar 163,38 euros diarios por los 47 días que pasaron entre la fecha de la disolución y la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.
La gran mayoría de los beneficiarios seguirán formando parte de la Cámara a partir del próximo tres de diciembre, cuando se constituyan las Cortes de la XIV Legislatura, ya que son muchos los que repiten tras los resultados de los comicios en los que se eligieron 208 senadores, a los que se suman 57 por designación autonómica.
Ingresos por actividad laboral
Junto a la lista alfabética de los 173 senadores perceptores de los 7.678 euros figura el nombre de uno más que solicitó esta indemnización pero que luego renunció a ella a partir del momento en que comenzó a percibir otro salario incompatible.
Se trata del socialista cántabro Gustavo García García, que renunció tras ser nombrado director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria y que por tanto solo recibió 653,52 euros de la indemnización total prevista.
La paga, sujeta a impuestos, fue concebida para compensar a aquellos exparlamentarios que no disponen de otros ingresos por actividad laboral hasta el día de las elecciones, y está recogida en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios, en vigor desde 2006.
El reparto de este tipo de ayudas, tanto en el Congreso como en el Senado, fue objeto de una campaña de recogida de firmas promovida por el activista Txema Pardinas, quien recabó el apoyo de 650.000 ciudadanos contrarios al llamado "finiquito" de los parlamentarios. Las firmas de la campaña "Si no curras, no cobras" fueron entregadas en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de septiembre, pero la tramitación de las indemnizaciones siguió adelante.
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