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SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar a Borràs

El alto tribunal debe decidir si abre una causa contra la diputada de JxC por fragmentar contratos al frente de Letres Catalanes

Una jueza de Barcelona ha remitido las actuaciones al Supremo por la condición de aforada de la política independentista

Ángeles Vázquez

El Supremo pregunta al fiscal si debe investigar a Borràs

El Tribunal Supremo ya ha recibido la exposición razonada en la que la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, expone los delitos por los que considera que la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, debe ser investigada. El primer paso de la Sala de Admisión del alto tribunal ha sido recabar el parecer de la fiscalía para determinar si abre una causa penal para investigarla y, en su caso, juzgarla, ya que dada su condición de aforada solo puede responder ante su Sala Segunda, informaron fuentes del alto tribunal.

En el escrito de la magistrada, que contó con el visto bueno de la fiscalía catalana, se atribuyen varios delitos a Borràs por haber presuntamente favorecido la adjudicación de contratos que podrían ser irregulares a un antiguo colaborador suyo, el informático I. H. F., mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2018. La jueza ya se dirigió antes del verano al Congreso para cerciorarse de la condición de Borràs, un trámite que la Cámara baja despachó recordándole que solo podía ser realizado por los "más altos órganos" judiciales.

Únicamente el presidente del Tribunal Supremo puede pedir al Congreso que certifique la condición de alguien y, si es necesario, dirigir un suplicatorio, para que la Cámara autorice su interrogatorio como imputado. En este caso, tres de los contratos sospechosos ascienden a 45.550 euros. Los investigadores sospechan que se troceó el coste real en diversos contratos para no llegar a 18.000 euros, límite que la ley establecía para que una administración contratara sin necesidad de abrir un concurso público. Actualmente ese tope está en 15.000 euros.

De los Mossos a la Guardia Civil

Tras estallar el caso, a finales de noviembre del 2018, la entonces responsable de la cartera de Cultura recorrió varias cadenas de radio para negar los hechos. En una de ellas para reafirmar su convencimiento sobre la poca solidez de las informaciones publicadas, Borràs acabó poniendo en un brete al 'conseller' de Interior, Miguel Buch, al afirmar que éste le había asegurado que los Mossos no la estaban investigando: "Ayer, cuando hablé con el 'conseller' Buch y recibí las muestras de apoyo públicas y privadas, me dijo que era la policía judicial, que los Mossos no me estaban investigando".

El comentario daba a entender que Buch, jefe político de la policía de la Generalitat, había pedido a los Mossos información sobre un caso que estaba bajo secreto de sumario. Una indiscreción que provocó que la jueza instructora quitara la investigación a los Mossos y se las diera a la Guardia Civil.