Societat Civil Catalana exige el fin de la inmersión lingüística

En plenas negociaciones para formar Gobierno, Societat Civil Catalana (SCC) ha planteado un decálogo de condiciones que la entidad exige que el PSOE tenga en cuenta cuando se entable con ERC para lograr su plácet a la investidura de Pedro Sánchez. Una de estas exigencias es el fin de la inmersión lingüística en Catalunya, un asunto que ha irradiado el debate político esta semana después de que el PSC hiciera constar en la ponencia que discutirán en su congreso que se abre a "flexibilizar" el modelo para adaptar las horas lectivas en catalán, castellano e inglés al entorno de cada escuela.

La entidad constitucionalista no había consensuado una posición común sobre esta cuestión hasta ahora y solía reivindicar la disparidad de opiniones de la dirección. El debate se ha resuelto con una postura clara en favor de que el catalán y el castellano sean las dos lenguas vehiculares en los centros educativos. "El sistema de monolingüismo escolar es discriminatorio y no reconoce nuestra realidad cultural, social e histórica. Tal como se define actualmente, la inmersión es un medio para conseguir la aculturación de una parte de la sociedad y dificultar el aprendizaje de lo que había sido la lengua común", sostiene SCC.

El decálogo, que ha avanzado 'El Mundo' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, insiste en que "es imprescindible establecer mecanismos independientes que verifiquen el conocimiento de la lengua oficial de España mediante un examen único" y que se revise "el sesgo nacionalista que domina los libros de texto en Catalunya".

Diálogo dentro de la ley

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La organización presidida por Fernando Sánchez Costa aboga por una "segunda normalización" que reconozca la "riqueza interna de la cultura catalana, que se expresa en catalán y en español", por la "neutralidad de la administración y las instituciones" y la "descolonización de los espacios públicos" rompiendo la asimilación entre nacionalismo y Catalunya. "Todo el sistema institucional se ha puesto al servicio de un proyecto ideológico", señala el texto y exige que "cese toda la presión ideológica sobre los funcionarios y trabajadores públicos". En otro punto, reclama la "despolitización de los Mossos" y apela a unos medios de comunicación públicos "pluralistas".

La entidad también se refiere a la "política clientelar" del 'procés' que genera "un uso ineficiente de los recursos públicos", pretexto con el que reclama una auditoría, y blinda cualquier maniobra política al acatamiento de la Constitución, aunque se abre a que esta sea discutida a través del diálogo: "Toda reforma puede ser debatida siempre que se lleve a cabo dentro de los cauces previstos por el propio ordenamiento jurídico-democrático. Dentro de este marco debe operar siempre la palabra y el respeto mutuo, pues la violencia es una línea roja que no puede superarse", zanja.