AUDIENCIA NACIONAL

La fiscalía se abre a cambiar de rebelión a sedición la acusación contra Trapero

Josep Lluis Trapero

Josep Lluis Trapero / periodico

J. G, Albalat

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La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha abierto la puerta este jueves a modificar la acusación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, e imputarle un delito de sedición y no de rebelión, como hasta ahora. El exjefe de la policía de la Generalitat se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a partir del próximo 20 de enero por no haber evitado el asedio a la Conselleria d'Economia durante un registro de la Guardia Civil, el 20 de septiembre del 2017, y por la posible inacción durante el referéndum unilateral del 1-O.

Segarra, que se ha desplazado a Barcelona para mantener reuniones con la jefatura de la fiscalía en Catalunya, ha asegurado a los medios de comunicación que no es el momento procesal oportuno para cambiar la acusación contra Trapero, pero que puede enmendar en el juicio durante el trámite de conclusiones definitivas. En su oponión, "es evidente" el marco que impone la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas, a los que se atribuía rebelión y se condenó por sedición, así como "las transcendecia" en el proceso contra Trapero.

Según Segarra, la fiscalía tiene en cuenta las "reflexiones y decisiones" sobre la sentencia del 'procés' para el resto de las causas abiertas por el 1-O, entre ellas las de Trapero y la cúpula de la Conselleria d'Interior en la estapa de Josep Forn, condenado por el Supremo a 10 años y medio de prisión por sedición.

Pena de prision

La fiscalía reclama 11años de prisión contra el exmando policial, al igual que para el que fuera director de la policía autonómica, Pere Soler, y el exsecretario general de la Conselleria d'Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, cuatro años de prisión por sedición. En su caso, son por los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre del 2017 durante el registro en la Conselleria d'Economia en Barcelona y el presunto asedio al que fue sometida la comitiva judicial. A Trapero y la excúpula de Interior se les acusa, además, por la presunta inacción de la policía de la Generalitat el 1-O.

La acusación pública esgrime que los acusados "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias", para impedir o "dificultar gravemente" el cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista". La abogada de Trapero, Olga Tubau, sostiene, en cambio, que el mayor no ha "puesto jamás" a los Mossos al servicio de los "intereses políticos secesionistas" y que no ha "participado, no ha intervenido y no ha compartido" el plan que ideó el Gover.