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INFORME DE LA OENEGÉ

Amnistía Internacional, una de cal y otra de arena

La oenegé sostiene que el juicio del 1-O fue "justo" pero exige la libertad de los Jordis

Júlia Regué

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en una concentración el 24 de septiembre del 2017 en Barcelona.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en una concentración el 24 de septiembre del 2017 en Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Amnistía Internacional ha hecho públicas sus conclusiones del juicio del 'procés': fue una vista oral "justa", pero la condena por sedición es "excesiva y desproporcionada" y puede generar un "efecto disuasorio" que ahuyente a la sociedad de ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Bajo esta premisa, la oenegé exige la puesta en libertad inmediata de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que se anule su condena; al tiempo que receta a las autoridades que, al resolver los recursos legales de los exmiembros del Govern y exparlamentarios, tengan en cuenta la "vulneración del principio de legalidad que supone la condena por un delito cuya definición e interpretación resultan contrarias al derecho internacional de los derechos humanos". La organización distingue entre los líderes sociales y los cargos públicos, y apostilla que los representantes políticos sí "pudieron haber cometido algún delito legítimamente enjuiciable", aunque dejan constancia de que no es su tarea "determinar qué tipo de sanción debe imponerse a tales actos".

El asesor general de política de Amnistía Internacional, Daniel Joloy, apunta que este informe es el primer paso para el diseño de una estrategia de presión al Gobierno para que haga suyas sus conclusiones: "Solicitamos a las autoridades que reformen el tipo penal de sedición, ya que, definido de forma tan vaga y sumada a la interpretación extensiva del Tribunal Supremo, su aplicación pone en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Además, podría conllevar la criminalización de personas que simplemente están ejerciendo sus derechos humanos", señala.

"Desacato deliberado"

La oenegé afirma que el fallo del 1-O también abre la puerta a la "criminalización de un amplio abanico de tácticas pacíficas, incluyendo el desacato deliberado y consciente de una ley para protestar o expresar disidencia política o social". Joloy hurga en este extremo, y apunta que la sentencia activa una "alarma roja" porque genera un "clima de miedo e incertidumbre" que "puede suponer que la gente tome la decisión de dejar de salir a la calle y de ejercer sus derechos".

El Govern celebró el contenido del informe, aunque sostuvo que, a su parecer, el juicio fue "injusto" porque la sentencia no fue absolutoria. Los constitucionalistas avisaron de que quien dicta sentencia es la justicia y no una oenegé, y blindaron el fallo emitido expresando su confianza en el sistema judicial. Por su parte, Òmnium Cultural, advirtió a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, tras la firma de su preacuerdo de Gobierno, de que "no pueden hacer caso omiso" a las conclusiones de Amnistía Internacional.