El TSJC estudia llevar al Supremo el juicio contra la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido este miércoles el juicio a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell una vez el acusado Joan Josep Nuet ha sido reelegido diputado de ERC en el Congreso, para estudiar si envía la causa al Tribunal Supremo.

En una providencia, la sala civil y penal del TSJC suspende el juicio por desobediencia a los compañeros de Forcadell, fijado para los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, ya que considera "materialmente imposible" resolver con antelación la cuestión de competencia planteada a raíz de la elección de Nuet como diputado en el Congreso, lo que le convierte en aforado ante el Supremo.

La sala da cinco días a las partes para que expongan sus argumentos sobre la competencia del TSJC tras las elección de Nuet, por si entienden que la existencia de una "conexidad" entre la conducta del entonces secretario tercero de la Mesa y los demás acusados impide separar la causa en dos causas distintas.

El TSJC tenía previsto juzgar a partir de la próxima semana a los exmiembros soberanistas de la Mesa Lluís Maria Corominas (PDECat), Lluís Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat) y Joan Josep Nuet (Catalunya si que es Pot, ahora en ERC), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para quienes la fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia grave.

Nueva acta en Madrid

El TSJC citó el juicio cuando Nuet -que había sido elegido diputado de ERC en el Congreso en las generales de abril pasado- perdió su condición al disolverse las Cortes a raíz de la convocatoria de los comicios del pasado 10 de noviembre. Una vez el político ha revalidado su acta como diputado en el Congreso, ha recuperado el fuero ante el Supremo.

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet, secretario tercero,  están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos. La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad jurídica, que creaba un marco legal alternativo al español.