El principal asesor del actual presidente del BBVA se niega a declarar ante el juez

Mientras el BBVA a través de su presidente actual, Carlos Torres, ha defendido la disposición de la entidad para colaborar con la investigación abierta por los contratos firmados en 2004 con una de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo, se está produciendo la paradoja de que sus exdirectivos y directivos se están negando a contestar al juez Manuel García-Castellón y los fiscales del 'caso Tándem'. Incluso el principal asesor de Torres, Juan Asúa, ha rehusado contestar a pregunta alguna, en su condición de imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Fuentes jurídicas señalaron que tampoco han querido declarar, amparándose en que la causa sigue secreta, los otros imputados citados para este martes, cada uno bajo la representación legal que ha considerado que mejor puede ayudarle a defender sus intereses. Se trata del que era responsable de Regulación y Control Interno de la entidad hasta julio, cuando se imputó al BBVA en la causa, Eduardo Arbizu; de Eduardo Ortega, director de Servicios Jurídicos Contenciosos del banco; y de Manuel Castro, exjefe de Riesgos. Al antecesor de Ortega, José Manuel García Crespo, se le ha aplazado la citación por un viaje. 

La próxima declaración es la del propio BBVA, citado este miércoles como persona jurídica imputada por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. Y a diferencia de sus ejecutivos y exejecutivos sí contestará las preguntas que le dirijan los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano y el juez, según fuentes de la entidad. 

“La investigación judicial avanza y así tiene que ser. En BBVA no prejuzgamos y actuamos siempre siguiendo los procedimientos internos establecidos y en base a hechos contrastados", señalan en relación a los imputados que todavía son directivos del banco. "Además, la condición de investigado no implica de ninguna manera que se haya realizado una acusación formal por ningún delito”, añaden en referencia al momento en el que, tras concluir la instrucción, el juez puede proponer juzgarles por los delitos que ahora les ha imputado o exonerarles de responsabilidad.

González y Béjar

De esta forma solo el expresidente del BBVA Francisco González y el que era presidente de Distrito Castellana Norte hasta que desfiló como imputado por la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, han accedido a declarar ante el juez, con lo que este último logró esquivar una fianza de medio millón de euros. El primero sostuvo que se enteró de la contratación con la empresa de seguridad de Villarejo, Cenyt, a través de la prensa y que no tuvo certeza de ese hecho hasta que el propio banco lo comprobó en septiembre de 2018.

Según su versión, ni conocía al expolicía ni nunca se ocupó de este tipo de contratación, que se escapaba de las funciones de un presidente, algo que casa mal con las palabras que se oyen pronunciar al que era jefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, en uno de los audios intervenidos en el domicilio de Villarejo y de su socio, el abogado Rafael Redondo. En ellas decía que daba cuenta al "presi" cada 10 o 15 días.

A esa expresión que lleva a pensar que González conocía el acceso al registro de 15.000 llamadas de políticos, empresarios y periodistas supuestamente facilitado por el expolicía se suma que Béjar señalara que Villarejo formaba "parte del paisaje" del banco y que el entonces presidente había recomendado contratar a quien Corrochano indicara. Lo hizo después de una primera comparecencia en la que solo contestó a su abogado defensor, en la que la fiscalía propuso que le fuera impuesta una fianza de medio millón de euros. En la siguiente, el ministerio público retiró la petición al comprobar un cambio de actitud por parte del imputado.