Archivada la querella por lesa humanidad presentada por heridos del 1-O

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado la querella presentada por nueve heridos del 1-O contra diversos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por delito de lesa humanidad en relación con la actuación de la Policía y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Hay que tener en cuenta que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a que alude la querella, tuvo lugar como respuesta a las graves y violentas alteraciones de orden público, unidas a otros hechos delictivos y acontecimientos que se estaban produciendo, supuso no sólo la legítima intervención de dichas fuerzas y cuerpos en la represión de actos manifiestamente ilegales tendentes, en principio, a la subversión del orden constitucional, sino también la proporcionada actuación de los querellados, a la vista de las cifras de altercados producidos, al número de lesionados y a la entidad de los mismos", explica el magistrado.

Añade que, como también argumentaba el fisca, ante las actuaciones desarrolladas para lograr proclamar la independencia de Catalunya. "el Estado tenía la obligación de utilizar todos los medios precisos de que disponía para mantener la seguridad pública y restituir el orden constitucional que había alterado".

No cumple requisitos

El magistrado repasa las condiciones necesarias para entender cometido este delito para concluir que con la querella “no se aportan ni constan mínimamente acreditados datos o elementos objetivos que permita considerar la concurrencia" de ese delito". 

Señala que "carece del mínimo rigor que reclama dicho precepto" y declara "la insuficiencia probatoria en la que se sustentan las afirmaciones que ostentan, no apareciendo, por tanto debidamente justificada la perpetración del delito". 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 se remite al informe fiscal que hace un recorrido cronológico por el 'procés' que condujo al 1-O. Así explica que "con todas estas actuaciones lo que se pretendía era dar una apariencia de legalidad jurídica al pretendido acto fundacional de la república independiente de Catalunya, a sabiendas de que con ello se cometía el riesgo de que se producirían altercados graves y alteraciones de orden público de resultado dudoso con grandes posibilidades de riesgo e inseguridad para la población". Y eso explica la actuación policial ese día.