18 sep 2020

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LA ENDIABLADA LEGISLATURA

El Gobierno de coalición, en manos de las bases del PSOE y Podemos

Los socialistas harán una consulta el 23 de noviembre y los morados anuncian la suya para más adelante

Los estatutos de ambos partidos incluyen la obligación de someter a sus bases un pactos de gobierno

Miriam Ruiz Castro

Sánchez e Iglesias, antes de firmar el preacuerdo de Gobierno, el 12 de noviembre.

Sánchez e Iglesias, antes de firmar el preacuerdo de Gobierno, el 12 de noviembre. / REUTERS / SERGIO PÉREZ

Dos firmas, un acuerdo "ilusionante" y un abrazo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaban menos de 48 horas después de las elecciones generales un "preacuerdo de Gobierno progresista de coalición" que sirve como punto de partida para unas negociaciones que, ahora sí, desemboquen en "cuatro años" de estabilidad. Pero la última palabra no la tendrán los dos líderes. Al menos sobre el papel, PSOE y Podemos dan poder a su militancia para que autoricen o refrenden un pacto de Gobierno.

Antes de volver a la secretaría general, Pedro Sánchez prometió que haría del PSOE "el partido de la militancia". Que había que reivindicar "el derecho de los militantes a decidir sobre las cuestiones trascendentales". En los nuevos estatutos quedó recogido que serían obligatorias las consultas sobre "los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el partido" o "sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el gobierno a otro partido político". Tras los comicios de abril, las negociaciones con Unidas Podemos acabaron sin dar frutos, pero ante la posibilidad de un acuerdo in extremis los socialistas aseguraron que lo someterían al refrendo de sus bases. Ahora, después de escenificar ante los medios el principio de acuerdo de coalición, en el PSOE ha anunciado que la Ejecutiva Federal la convocará oficialmente para el sábado 23 de noviembre. Los estatutos obligan a hacerla pero no especifican que tenga que hacerse antes de dar luz verde al acuerdo, sino que puede llegar después como refrendo.

Se haga antes o después del pacto, "el resultado de la consulta es vinculante", como señalan desde el partido, por lo que la negativa de los militantes daría al traste con cualquier acuerdo conseguido. El escenario es poco probable. El PSOE ha celebrado más de 600 consultas en sus diferentes territorios, y en todas se ha refrendado el acuerdo alcanzado. Porque los deseos de los dirigentes suelen coincidir con lo que dictan las bases, aunque son un porcentaje muy pequeño de sus votantes. Unos 190.000 afiliados frente a los más de seis millones y medio que escogieron la papeleta socialista en las elecciones generales.

En el caso de Podemos, fuentes del partido confirman que, cuando el acuerdo esté más cerrado, volverán a consultar a su militancia. Tras los comicios de abril, en lugar de buscar el refrendo a posteriori de un hipotético acuerdo con el PSOE, Iglesias planteó la consulta a sus bases como el punto de partida con el que sentarse a negociar con los socialistas. El resultado fue el esperado: la apuesta por un gobierno de coalición que incluyera a sus ministros. En principio, el mandato de aquella consulta se mantiene, pero cuando las negociaciones avanzan volverán a refrendarlo con los suyos.

El pionero

Podemos fue pionero en dar más y más poder a la militancia, los llamados círculos, aunque sus consultas no han estado exentas de crítica. Las dos opciones que planteaba esta última fueron discutidas incluso dentro de su partido por lo dirigida de las mismas. La líder andaluza, Teresa Rodríguez, llegó a decir que era "un insulto a la inteligencia".

Pero no en todos los partidos ha cumplido el ejemplo. Ciudadanos no contempla mecanismos de consulta a sus bases, que solo tienen voz y voto para elegir a sus candidatos. Fue el comité ejecutivo nacional, el equipo de dirección nombrado por Albert Rivera, el que aprobó ya en febrero por unanimidad que la única opción posible con Sánchez era ratificar su "no es no" en la investidura, y es previsible que la nueva dirección del partido, una vez nombrada, sea la que tenga la última palabra. Tampoco estará en manos de los afiliados del PP decidir el voto de los diputados populares en una hipotética investidura.