La fiscalía general ordena investigar si el Parlament desobedeció al TC

La Fiscalía General del Estado ha sido al final la primera en dar un paso para actuar penalmente contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, por la tramitación de mociones y resoluciones suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional por ser sospechosas de inconstitucionalidad. Para ello ha instado a la Fiscalía catalana a abrir diligencias de investigación a fin de valorar "la posible trascendencia penal de tales decisiones".

En una escueta nota, la institución a cuyo frente está María José Segarra ha informado de que "en atención a las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional" de 2015, 2018 y 2019 contra el desafío soberanista, ha procedido a instar a la fiscalía catalana "la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la trascendencia penal de tales decisiones".

Aunque el ministerio público no lo menciona, las últimas resoluciones del alto tribunal hacían advertencia expresa a Torrent y el resto de los miembros de la Mesa de las responsabilidades penales en las que podían incurrir en caso de desobedecerle, como da la impresión que ha hecho este martes con la decisión del pleno del Parlament de adelantar su hora y alterar el orden del día para poder votar una moción de la CUP a favor de la autodeterminación y de reprobación del Rey. Con ese adelanto se pretendía evitar la previsible suspensión cautelar por parte del Constitucional, que también tenía previsto reunirse este martes.

Pese a que el tribunal ha adelantado la hora de su reunión a las 9.30 y ha procedido a suspender la tramitación de la moción antes de su votación, que se ha producido entorno a las 10 horas, la notificación de su resolución ha llegado después a la Cámara. En cualquier caso, fuentes jurídicas han señalado a EL PERIÓDICO que los efectos de esa suspensión de la tramitación se extienden también al resultado de la votación, por lo que este queda invalidado.

Con la anterior presidencia del Parlament, la apertura de diligencias penales se produjo por parte de la fiscalía después de que el propio Constitucional dedujera testimonio y les remitiera las actuaciones para que actuara. En ese caso, se acabaron presentando varias querellas por desobediencia contra la entonces presidenta del Parlamente, Carme Forcadell. Con la decisión del ministerio público no ha hecho falta que le instar a actuar el tribunal de garantías.