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sedición y malversación de caudales públicos

Reactivadas las euroórdenes contra Ponsatí, Puig y Comín

El juez Llarena hace suya la reclamación fiscal, salvo en el caso de Ponsatí, en el que lo limita a la sedición

Los reclamados preparan su entrega en los próximos días, como hizo Puigdemont ante el ministerio público de Bélgica

Ángeles Vázquez

Los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont Clara Ponsatí,  Lluís Puig y Toni Comín

Los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont Clara Ponsatí,  Lluís Puig y Toni Comín

Las autoridades escocesas y belgas han comunicado este martes a los 'exconsellers'declarados en rebeldía Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig la nueva reclamación formulada por las autoridades españolas para proceder a su arresto internacional y posterior entrega a España para ser juzgados por delitos de sedición y malversación por su participación en el 'procés', confirmaron fuentes próximas a su defensa.

Algo después se conoció el auto de 59 páginas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que hace suya la petición formulada la semana pasada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que considera "plenamente justificada", salvo en el caso de Ponsatí, a la que solo reclama a Escocia por sedición, al entender que la sentencia del 'procés' no condenaba por malversación a su compañera del Govern Dolors Bassa por haber cedido los centros cívicos, sino por los gastos de Unipost que se repartieron entre otras Consejerías.

En el caso de Ponsatí, como responsable de Educación, tampoco se le puede condenar por el coste que supuso la cesión de los colegios, porque en el juicio no se pudo acreditar lo que habría supuesto ello económicamente. De ahí que no la reclame por malversación, delito que sí se suma al de sedición en el caso de Comín. A Puig se le reclama por malversación y desobediencia. La resolución atribuye al primero un gasto de 233.180 euros, mientras que el segundo gastó 238.003

La fiscalía decidió no reclamar a la 'exconsellera' Meritxell Serret, ya que solo se la podría acusar de este último delito no penado con prisión, ni a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuya petición requiere un mayor estudio al haber huido a Suiza, criterio también mantenido por Llarena.

Presentación voluntaria

Como en el caso de Puigdemont, que se presentó voluntariamente ante la fiscalía para evitar forzar un arresto y facilitar una imagen de colaboración con la justicia, los 'exconsellers' ahora reclamados también preparan su comparecencia en los próximos días para aclarar su situación. Ponsatí ya ha anunciado, a través de su abogado en Edimburgo, Aamer Anware, que lo hará el próximo jueves a las 10.30 horas en las dependencias policiales principales de la ciudad. Al 'expresident' no le fue impuesta fianza alguna y con la única garantía de prohibición de salir de Bélgica sin autorización judicial.

En un auto de 59 páginas, Llarena subraya que el resultado probatorio de la sentencia del procés no es directamente extrapolable a los procesados no juzgados por encontrarse huidos, pero "no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad".

Expone que la sentencia ha fijado que el comportamiento es constitutivo de delito de sedición. Y en el caso de algunos de los condenados también de malversación por los gastos en los que incurrieron para la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho. El magistrado precisa que en el cómputo no se contó con la cesión de locales para la celebración de la votación.

Acuerdo no suficiente para malversar 

Asimismo, según destaca el auto, la sentencia ha establecido que la suscripción por todos los 'consellers' de un acuerdo gubernativo de asunción solidaria de los gastos que se promovieran por el Govern para realizar el referéndum, no bastaba para la derivación de responsabilidad penal por malversación de caudales públicos respecto de estos desembolsos, sin que se realizaran actos materiales, nucleares o no, de ejecución.

En cuando al delito de malversación contra Comin y Puig, el auto indica que bajo el control de la acción de gobierno por la Presidencia de la Generalitat y por la Consejería de Economía y Hacienda se abordaron gastos de la realización de la votación desde distintas Consejerías: Presidencia, Trabajo, Cultura y Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Entre ellos destaca la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores.

"Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Antonio Comín la cantidad de 233.180,55 euros", señala el auto.