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LA ENCRUCIJADA CATALANA

La fiscalía pide al juez el arresto de Ponsatí, Puig y Comín

Solicita a Llarena que curse una euroorden para la detención de los tres 'exconselleres' por sedición y malversación de caudales públicos

La reclamación de Puig es la misma por la que se juzgó a Mundó, Borràs y Vila que acabaron absueltos del delito más grave

Ángeles Vázquez

Clara Ponsatí, durante un acto en Bruselas.

Clara Ponsatí, durante un acto en Bruselas. / EMMANUEL DUNAND (AFP / EMMANUEL DUNAND)

La fiscalía del Tribunal Supremo ha formalizado este jueves, a través de la presentación de sendos escritos, su petición al juez Pablo Llarena para ordenar la busca y captura internacional y europea, a través de la tramitación de la correspondiente euroorden, de los exconsellers de Enseñanza y Salud, respectivamente, Clara Ponsatí y Toni Comín, y de Cultura, Lluís Puig. Como adelanto este diario, el ministerio público ha descartado solicitar la entrega de la de que era de Agricultura, Meritxell Serret, al solo poder atribuirle un delito de desobediencia, y ha aplazado para un estudio más detallado la relativa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El ministerio público sostiene sus dos peticiones de detención en la sentencia dictada por la Sala Segunda del alto tribunal contra los líderes del 'procés', ya que "permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detenci'no y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido" en esa resolución.

La referida a Ponsatí y Comín se sustenta en los delitos de sedición y malversación de caudales públicos que, afirma el escrito, "llevan aparejados penas de prisión graves que superan con creces los límites punitivos que exige la legislación vigente para expedir una orden de detención internacional y europea". Recuerda que el Supremo ha impuesto penas entre 10 y 15 por estos delitos, aunque la pena máxima fue la impuesta a Oriol Junqueras y ascendió a 13 años.

La petición relativa a Puig se refiere únicamente a un delito de malversación de caudales públicos que puede estar penado con entre 6 y 12 años de cárcel y otro de desobediencia. No obstante, los tres 'exconsellers' que fueron juzgados por estos delitos, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, fueron absueltos del delito de malversación y solo se les condenó a inhabilitación y multa por desobediencia.