El Gobierno tomará "decisiones" si Bélgica no entrega a Puigdemont

El Gobierno "no entendería" que las autoridades de Bélgica no entregaran al 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont tras la sentencia condenatoria en el juicio del procés, según ha señalado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Este martes, el juez belga ha aplazado la vista sobre la extradición del 'expresident' catalán al próximo 16 de diciembre.

Antes de que se produjera esta decisión, Calvo ha recalcado que desde el Ejecutivo español "no se entenderá" que el Estado belga no entregue a "quienes están huidos de la justicia española". "Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo, para igualdad en la justicia", ha subrayado, añadiendo que si se produce ese escenario tomaría "decisiones".

En una entrevista en 'Onda Cero', ha indicado que desde el punto de vista jurídico "es difícil" que no se autorice la entrega. "Hay un listado más o menos automáticos de delitos cotejados en las diferentes legislaciones penales. Los que ahora se constatan para la activación de la euroorden debería actuar así", ha explicado.

Por su parte, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado que "se están dando los pasos adecuados" para que Bélgica acepte entregar a Puigdemont. Asimismo, ha destacado que la cooperación jurídica en Europa "funciona bien" porque se basa en la "mutua confianza" y cuenta con la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que, según ha dicho, es un sistema "ágil". El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha insistido en esta idea y ha dicho que confía "absolutamente" en que la Justicia de Bélgica responderá positivamente. "Si somos la Unión Europea, que si tenemos el espacio de justicia y libertad, si tenemos la orden europea de detención y entrega basada en esos principios es porque ya tenemos ordenamientos jurídicos absolutamente homologados unos con otros", ha recalcado.

Puigdemont ha utilizado Twitter para responder al Ejecutivo español en funciones, subrayando que Josep Borrell aún forma parte de él y dejando una pregunta en inglés: "¿Es esta la actitud que impondrá el nuevo Alto Representante de la UE?".

La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves –desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. Según los plazos previstos, una vez que el juez de primera instancia toma una decisión sobre si ejecuta o no la euroorden, se abre un plazo de 24 horas en el que tanto la fiscalía como la defensa pueden presentar recurso ante la Corte de Apelación que tendría quince días para pronunciarse. A la decisión de esta instancia también cabe recurso ante la Corte de Casación que tendría otros 15 días de plazo para pronunciarse. En total, en circunstancias normales, el proceso debería prolongarse unos 60 días ampliables a 90 aunque como lo demuestra el caso de Valtonyc  los plazos pueden ser muy flexibles y mucho más largos.

El Gobierno impugnará la moción del Parlament

Calvo también ha anunciado que el Consejo de Ministros va a impugnar "ya" la moción que aprobó el Parlament de Catalunya el pasado 24 de octubre en la que rechazaba la sentencia del "procés". "Lo vamos a parar en el Consejo de Ministros ya", ha insistido Calvo, quien también ha recordado que hay otra resolución planteada en el Parlament que se va a debatir el 12 de noviembre y que "bordea elementos" que a la vicepresidenta no le gustan "nada". Un análisis del que ha avisado al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, con el que Calvo ha confirmado que sigue manteniendo una comunicación fluida.

La vicepresidenta ha señalado también que el Gobierno central sigue hablando con la administración catalana "en todos los niveles" en el día a día, pero ha defendido que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no quiera ponerse al teléfono cuando le llama el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Mientras Torra no entienda" que su función es representar a todos los catalanes "no hay más que hablar", ha dicho Calvo, para quien el presidente de la Generalitar "lleva días evadiéndose de la principal obligación que tiene, que es garantizar la seguridad en Cataluña".