La Agència de Ciberseguretat de Catalunya nacerá con un presupuesto previsto de 14 millones de euros

El Govern ha aprobado este martes los estatutos de la nueva Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), organismo público que se encargará de garantizar la protección digital de Catalunya y sus instituciones. Tras un proceso de creación plagado de críticas y suspicacias, la ACC se constituirá en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto con el objetivo de desarrollar la estrategia de ciberseguridad de la Generalitat de Catalunya hasta el 2022. Para ello, los presupuestos del Govern (pendientes de aprobación) prevén una dotación de 14 millones de euros.

En el caso de que los Presupuestos se prorroguen, el organismo heredará al menos la dotación presupuestaria ya existente del Cesicat (Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya), actualmente en 7,5 millones de euros. 

¿CNI catalán?

A la pregunta directa sobre si la ACC será una especie de CNI con el Estado como principal enemigo, el 'conseller' de Polítiques Digital i Administració Pública, Jordi Puigneró, fue a la vez claro y hábil: "Tenemos derecho a protegernos de cualquier amenaza, venga de donde venga, de más cerca o de más lejos".

La ACC nace con medios muy limitados pero mucho por hacer, especialmente conquistar competencias y asumir responsabilidades. Las críticas han llovido al considerar a la ACC una vía más para conseguir el objetivo de la independencia de Catalunya, algo que Puigneró no ocultó. El 'conseller', no obstante, no devaluó las razones objetivas que hacen que Catalunya haga como otros estados y quiera establecer mecanismos de defensa digitales acordes con el siglo XXI. "Si un día conseguimos la independencia, ya tendremos una estructura o instrumento adecuado para luchar contra las ciberamenazas", dijo Puigneró.

Mossos

Sobre si esas competencias deberían recaer o no en los Mossos, Puigneró opinó que las fuerzas del orden "tienen un perfil profesional muy distinto" y que tienen unas competencias también diferenciadas. La ACC no tendrá competencias sancionadoras. El equipo profesional de la ACC, actualmente 29 personas, es eminentemente técnico, informáticos especializados en combatir ciberataques. "No creo que la policía tenga las capacidades para analizar los ataques, hay que diferenciar entre ciberseguridad y cibercrimen. Para lo segundo están los Mossos". Sí dijo Puigneró que la Conselleria de Interior estará en la dirección de la ACC. En cualquier caso, los profesionales al frente de la agencia de ciberseguridad son conscientes de que los mecanismos de coordinación a nivel estatal o europeo son "imprescindibles", ante amenazas que habitualmente "llegan desde la otra punta del mundo". 

Funciones

Las funciones de la ACC serán mantener el derecho al acceso a internet, generar un entorno de ciberseguridad que genere confianza y "promover el derecho a la identidad digital", lo que Puigneró definió todas ellas como "piezas básicas de un país digital". El DNI digital catalán o la preservación de la seguridad fiscal parecen también estar en el objetivo.

En la práctica, la ACC deberá ser el ente responsable de coordinar las medidas necesarias para mantener la actividad normal del sector sanitario, hospitales, la Administración, etcétera, en el caso de ataques informáticos, desde los más leves como los que intentan saturar los sistemas de información hasta los que reclaman rescates para acceder a datos relevantes (como Wanacry). 

Servicio a particulares

A la pregunta de si la ACC ofrecerá servicios a empresas, Puigneró fue concluyente y aseguró que no pretenden ser un competidor de otras firmas que ofrecen esos servicios. "No interferiremos en el mercado, pero sí queremos informar y garantizar un entorno de confianza, impulsar una cultura de ciberseguridad y favorecer la creación de empresas especializadas", dijo Puigneró. 

Desde la Consellería calculan que el presupuesto de ACC tenderá a ampliarse en el futuro. Los expertos apuntan a que los países deberían destinar en los próximos años el 10% de sus Presupuestos a tecnología y el 10% de ese porcentaje a ciberseguridad. La ACC aspira a disponer en los próximos años 25 millones anuales de presupuesto y ser capaz de dar empleo a entre 80 y 120 profesionales altamente especializados en combatir las amenazas digitales de nuestro tiempo. 

Las principales amenazas

La guerra fría se ha trasladado al ciberespacio y a internet. Fuentes de la Generalitat reconocen que se produjeron el pasado año un total de 350 millones de ciberataques en Catalunya, de los que unos 1.200 se tradujeron en incidentes que requirieron algún tipo de medida. La política en ciberseguridad del Govern se inspira en la de países como Israel o Estonia, que entienden que no es posible perder el ritmo tecnológico y la defensa digital en los próximos años y son referencia internacional.

El espionaje es ya tecnológico. La denominada nueva guerra fría se lleva a cabo en el mundo digital y es necesario un "servicio público de ciberseguridad", consideran en la Generalitat. La Constitución Española no preveía el actual contexto tecnológico y no es capaz de obstaculizar la independencia digital de Catalunya.

Además de esta guerra fría que se impone (como la existente entre EEUU y China, o con Irán, por ejemplo), también imperan las 'fake news' y los ataques contra infraestructuras críticas y servicios públicos. En la esfera particular, imperan los ataques de 'ransomware' (control externo de datos valiosos y petición de rescate), pero también los de 'phishing' (suplantación de identidad). En este último caso se están produciendo especialmente a través de terminales móviles. También está incrementándose el 'malware' móvil, por el que se roban datos de pago o bancarios. Multitud de retos inexcusables para los estados y también para los particulares.