El 'procés' de los Mossos: Tres 'consellers' y cuatro comisarios jefes en dos años

Una furgoneta de los Mossos pintada en una protesta reciente frente a Interior.

Una furgoneta de los Mossos pintada en una protesta reciente frente a Interior. / periodico

Guillem Sànchez

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Desde los atentados del 17-A, que dejaron 16 víctimas mortales y más de 100 heridos, han transcurrido poco más de dos años. Pero en ese tiempo, el mundo ha girado para los Mossos d'Esquadra más veces que en las tres décadas anteriores de su historia. Diversos agentes de rango y unidades distintas consultados por EL PERIÓDICO coinciden en denunciar que la instrumentalización política que han sufrido los Mossos por parte de Govern y del Estado ha sido abrumadora. Se ha llevado por delante a cuatro jefes policiales, a tres 'consellers' de Interior y a cuatro directores generales. El uso partidista que ambos gobiernos han hecho de los Mossos ha coincidido además con la eclosión de nuevos desafíos como el terrorismo yihadista, los ciberdelitos o el incremento de denuncias por delitos de violencia sexual. Un sobreesfuerzo difícilmente compatible con el déficit de personal que arrastra la policía catalanadéficit de personal  tras siete años sin promociones (hasta el 2018).   

Tras los altercados de la última semana, autoridades como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, han participado del aluvión de críticas vertidas sobre los Mossos que, según sospechan los agentes, responde a un intento de poner el foco sobre los policías y de alejarlo del comportamiento violento de manifestantes independentistas. La cúpula de los Mossos se reunió el jueves de forma extraordinaria para tratar de sobrellevar una situación complicada que les ha comportado "perder la confianza" de una parte de la sociedad catalana que no hace tanto los adoraba. 

"Nos ponen flores"

Con la neutralización de los terroristas del 17-A (abatieron a cinco yihadistas), los Mossos recibieron finalmente un cariño que los ciudadanos catalanes, indignados por casos de abusos como los de Juan Andrés Benítez o Ester Quintana, les habían escatimado. Hubo una parte de ese agasajo que conectaba con la cercanía de la celebración del referéndum unilateral del 1-O, un horizonte que ya había obligado a saltar por la borda al 'conseller' Jordi Jané, reemplazado por Quim Forn, y al director Albert Batlle, substituido por Pere Soler. El romance entre ciudadanos y Mossos despertó celos. "Unos nos ponen flores y los otros nos ponen mierda", resumió el mayor Josep Lluís Trapero. Llegó el mes de octubre.

Tras el desastre perpetrado por los antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil en los centros de votación, jueces y fiscales, basándose en instrucciones de ambos cuerpos, quisieron ajustar cuentas con la única de las tres policías que no había usado la fuerza bruta para impedir la votación. Más de 300 agentes de los Mossos imputados (de los cuales apenas una veintena sigue con causas abiertas) y un proceso en la Audiencia Nacional contra Trapero –y contra la intendente Teresa Laplana– por sedición. Paralelamente, el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155, expulsó al Ejecutivo de Carles Puigdemont de la Generalitat e intervino a los Mossos.

El 155

Rajoy destituyó a Trapero y nombró al comisario Ferran López, que asumió el mando de un cuerpo enfrentado con el resto de fuerzas de seguridad, perseguido por la justicia y ensartado por el gobierno español. Se valoró también que fuera un guardia civil o un policía nacional, o incluso que los Mossos pasaran a depender sine die del Gobierno central. La elección de López significó que los Mossos mantenían el barco a flote y que solo cambiaban el capitán por el segundo de a bordo. El menor de los males posibles. Pero para el comisario López implicó también aceptar que el independentismo lo considerara poco menos que un traidor que se ponía a las órdenes del Estado.

López aguantó medio año bajo la tutela de Antonio Puigserver, el hombre designado por Rajoy para gestionar como un administrador concursal la Conselleria hasta que el Parlament eligiera un nuevo president. La investidura de Quim Torra antes del verano del 2018 desactivó el artículo 155 y los tentáculos del Gobierno central se retiraron de los pasillos del departamento, que pasó a manos de Miquel Buch. Lo primero que hizo Buch fue destituir a López, para borrar de los Mossos la mácula del servicio al Ministerio.

La presión de Torra

Miquel Esquius relevó a López pero duró en el cargo solo 10 meses. Buch, tras algún roce, entregó el timón a un comisario recién licenciado, Eduard Sallent, en junio del 2019. Torra, que siempre ha estado detrás de cada uno de esos cambios, se preguntó la semana pasada en el pleno de la cámara catalana esto: "¿qué dirán de nosotros los historiadores dentro de unos años?". Al hacerlo verbalizó una inquietud que siempre ha distorsionado sus decisiones en materia policial y que le ha conducido a entregarse a un doble juego: jalear a los manifestantes independentistas mientras envía a su propia policía a contenerlos.

Sucedió durante el primer aniversario del 1-O, cuando animó a "apretar" a los CDR, o en diciembre del 2018 cuando vio fragmentos de una actuación de la Brigada Mòbil a través de Twitter y ordenó una "purga" en la cúpula de los Mossos, que no llegó a efectuar. La gesticulación del 'president' ha metido en un brete tras otro a Buch y a los Mossos.

A pocos días de la sentencia contra los líderes del 'procés', que Torra no iba a estar al lado de los Mossos no era ningún secreto. Cuando la policía catalana explicó cambios en el modelo de orden público, la jefa de prensa de Interior, Joana Vallès, fue destituida argüyendo un "error de comunicación" inexistente. Y una semana después, el director general Andreu Joan MartínezAndreu Joan Martínez, consciente de que los altercados iban a ser importantes y harto de las presiones de Torra, presentó su dimisión y dejó su cargo en manos de Pere Ferrer

Buch tragó con ambas amputaciones pero al ver cómo entraban en ebullición las calles se ha plantado ante Torra. El 'conseller' ha defendido en el Palau que a los Mossos, y a Sallent, no les quedaba más remedio que actuar como lo han hecho ante ataques que han puesto en "riesgo la integridad física de los agentes". Pero no ha convencido al 'president', que sin escuchar la versión de su policía ha pedido en el Parlament, y junto a ERC, una comisión de investigación para los antidisturbios catalanes. No son pocas las voces que auguran que Buch será el próximo en caer.  

El lugar que ocupan los Mossos ahora, tras los graves episodios de violencia callejera que han dejado más de 500 heridos entre manifestantes y policías, es opuesto al de hace dos años. El independentismo ha pasado de amarlos a odiarlos por su "brutalidad" y el Estado de odiarlos a amarlos por su "profesionalidad".