Torrent, dispuesto a asumir las consecuencias de tramitar la resolución independentista
Los letrados del Parlament avisan que ese texto puede contradecir el aviso del TC

Roger Torrent, en el Parlament, en el pleno de política general. / periodico
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho estar dispuesto a "asumir" las consecuencias judiciales que pueda conllevar la admisión a trámite de la propuesta de resolución independentista. "Es impropio de un país democrático perseguir judicialmente a presidentes del Parlament, como pasó con Carme Forcadell, solo por permitir el debate. Si pese a todo hay consecuencias judiciales para los miembros de la Mesa, las asumiremos", ha asegurado.
Torrent ha recibido varios avisos del Tribunal Constitucional en cuanto a que debe abstenerse de tramitar propuestas que contradigan decisiones anteriores del alto tribunal. Los letrados de la Cámara ya han advertido de que puede ser el caso del texto que ha admitido hoy, pero Torrent ha minimizado esos avisos: "Los letrados han expresado su opinión jurídica, este es un asunto político".
Tras las elecciones generales
En cualquier caso, fuentes del Parlament y de los partidos han afirmado que la propuesta no se votará en el pleno que empieza esta mañana miércoles, sino en el siguiente, que tendrá lugar después de las elecciones generales.
El Gobierno esperará a que el Parlament apruebe la iniciativa que han presentado los independentistas contra la sentencia del procés para decidir si actúa sobre ese texto, informa Efe.
Fuentes del Gobierno han señalado, ante esta nueva iniciativa de los independentistas, que el PSC va a presentar un escrito de reconsideración porque el texto contiene "planteamientos sobre los que ya ha dictaminado en contra el Tribunal Constitucional".
Esperará a ver qué ocurre con la reconsideración, y si no a si se aprueba la resolución, algo que en cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, no ocurriría hasta la sesión del 12 o 13 de noviembre.
"El Gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones", añaden desde Moncloa.
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