Ir a contenido

TRAS LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

El Gobierno se prepara ante el posible aumento de la violencia

El Gobierno tiene diseñados todos los escenarios, incluido el estado de alarma

La Moncloa teme un repunte de los actos vandálicos el viernes, a raíz de la huelga general

Iolanda Mármol Juan Ruiz Sierra

Disturbios en una manifestación convocada por los CDR, el pasado miércoles. 

Disturbios en una manifestación convocada por los CDR, el pasado miércoles.  / FERRAN NADEU

El Gobierno prevé que a partir de este viernes, a raíz de la convocatoria de una gran manifestación y una huelga general en Catalunya, pueda dispararse el grado de violencia como respuesta a la sentencia del 'procés'. Los informes que maneja el comité de coordinación de la Moncloa (la célula de crisis creada para hacer frente a esta situación) apuntan a un potencial incremento de actos vandálicos a cargo de radicales independentistas que pueden afectar a infraestructuras estratégicas y bloquear servicios esenciales. Ante estas perspectivas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene diseñado desde hace un tiempo un plan que se aplicará de forma "proporcional al desafío".

El Gobierno confía en no tener que aplicarlo. Defiende la "moderación" a la hora de activar medidas, de forma "gradual" según evolucione la situación.  Pero entre los escenarios más negros que el Ejecutivo contempla, siempre dejando claro que no desea tener que aplicarlo, estaría declarar el estado de alarma. "Está preparado, no decidido", informan fuentes gubernamentales a El PERIÓDICO. Todo depende de hasta dónde llegue la violencia.

Las perspectivas, según la información que llega al Gobierno desde hace meses, no son tranquilizadoras. En el gabinete de Sánchez ha arraigado la sensación de que el 'president', Quim Torra, no quiere hacer todo lo que está en su mano para frenar la violencia en las calles. A pesar de que tras dos días de silencio condenó los actos vandálicos el pasado miércoles por la noche, en el Ejecutivo consideran que Torra lo hizo "de boquilla", más por "presión" que por convencimiento. De ahí que el Gobierno insista en pedir a Torra que frene los disturbios y que deje atrás su faceta como "activista". El último mensaje lo dejaba este jueves el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Ninguna actuación delictiva va a quedar impune", dijo. Y esto, subrayó el ministro, no solo incluye a quienes participan en las calles, sino también a sus "responsables e inductores".

La previsión

El Gobierno dice que tiene todos los escenarios preparados y que piensa actuar con "firmeza" en Catalunya si fuera necesario. Por el momento, no se contempla ni la ley de seguridad nacional para tomar el mando de los Mossos ni el artículo 155 para suspender la autonomía, como piden PP y Ciudadanos, pero eso no significa que estén descartados. 

Hace más de diez días que existe la sospecha de que la violencia más radical pueda estallar este viernes con la convocatoria de la manifestación y la huelga general, y contempla que se puedan sabotear infraestructuras críticas. Algo así, continúan las mismas fuentes, conduciría a una situación "insoportable". La paralización de servicios públicos esenciales (sanidad, educación) o cortes de luz que afectasen a una amplia franja de población durante largas horas podrían propiciar que se llegue a activar este plan.

De ser así, Sánchez podría poner en marcha la declaración del estado de alarma, que debería ser aprobado por el Consejo de Ministros a través de un decreto, dando cuenta al Congreso de los Diputados, según recoge la Constitución en su artículo 116.1. En este caso sería la Diputación Permanente de la Cámara baja, ya que las Cortes se encuentran disueltas desde la convocatoria de las elecciones del próximo 10 de noviembre. La duración de este estado, que ya estudió Mariano Rajoy en el 2017, sería de 15 días prorrogables, siempre que el Congreso lo vuelva a autorizar, y bajo su declaración se podrían tomar medidas como "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados".

La provocación    

En el Gobierno ha empezado también a arraigar la sensación de que Torra está buscando una provocación para volver a cargarse de razones contra el "Estado opresor". Sánchez quiere ser especialmente cauteloso y no caer en la supuesta trampa. Ahí anida parte del fundamento esgrimido ante el PP y Cs para no aplicar hasta ahora la ley de seguridad nacional ni el 155: ni hay descoordinación entre las fuerzas policiales, ni se han dado las circunstancias, de momento, para intervenir la autonomía de Catalunya. 

De momento, la Fiscalía investigará el alcance penal de la violencia en Catalunya. De quienes estuvieron a pie de calle y quienes "instigan" esos actos. Además, el Gobierno asegura disponer ya de información sobre quién está detrás de grupos como Tsunami Democràtic, aunque Interior no lo ha desvelado por razones de seguridad. De constatarse una posible relación con líderes políticos, el Ejecutivo podría poner en marcha sus planes más severos para tomar el mando de la Generalitat. Aún así, el escenario que voces gubernamentales ven posible en lo inmediato es que el incremento de la violencia en los próximos días pudiese provocar "la paralización de Catalunya".