Aguirre distribuye sus responsabilidades al frente del PP

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha cumplido a rajatabla con el guión de la imputada, al desviar cualquier responsabilidad a otras personas. Al mismo tiempo se ha mantenido fiel a ese estilo suyo, tan castizo y directo, que le permite decir que las fiscalas del 'caso Púnica' comparan Fundescam -la fundación que se investiga si sirvió para financiar ilegalmente el PP de Madrid- con el "Watergate" o a admitir que "estaba mosca" con una de las empresas investigadas por el mismo motivo.

A la salida ante los medios la expresidenta se mostró más comedida y se limitó a decir que estaba satisfecha por haber podido dar su versión al juez Manuel García-Castellón. Aseguró que nunca había "consentido, ni conocido, ni dejado de ejercer la diligencia necesaria para dejar de conocer hechos que pudieran ser constitutivos de una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubiera producido". Lo remató con un "mi inocencia prevalecerá".

Ante el juez, que tuvo que pedir en algún a Aguirre que rebajara su tono con las fiscalas, la expresidenta negó cualquier responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque dijo que no correspondían al presidente. Eso hizo que el magistrado le preguntara si la presidencia del partido solo era decorativa, y Aguirre respondió con los estatutos del PP.

Negó la financiación ilegal del partido por la que está investigadafinanciación ilegal, y aseguró que consultó con el PP nacional "todos sus nombramientos". Incluso citó expresamente al expresidente del PP Mariano Rajoy con su primer ejecutivo, el elegido en 2003 tras la repetición de elecciones a la que obligó el episodio conocido como el 'tamayazo', en el que dos diputados socialistas no se presentaron al pleno en el que iba a ser investigado presidente de la Comunidad de Madrid el socialista Rafael Simancas. 

La responsabilidad sobre el partido, la imputada la echó sobre los hombros del que su gerente en Madrid Beltrán Gutiérrez, del que señaló que ocupaba ese cargo antes de que ella llegara y con quien dijo no tener excesiva relación. 

Cláusula del 1%

Según el auto de imputación dictado en esta pieza del 'caso Púnica', la principal acusación sobre ella recae porque en una reunión celebrada a principios de 2004, al poco de llegar a la presidencia madrileña, ordenó que se destinara a publicidad el 1% de cada contrato adjudicado por las consejerías madrileñas, y que de él siempre se ocupara la empresa Over Marketing, de Horacio Mercado. Ante el juez dijo que ignoraba la existencia de esa cláusula o si se puso en práctica en Sanidad, a cuyo frente estaba el también imputado Manuel Lamela, pero que creía que solo se había usado en un contrato de carreteras de la Consejería de Transportes, entonces en manos de Francisco Granados.

Se supone que la polémica cláusula se enmarcó en la campaña "La suma de todos". Según Aguirre, eso fue algo improvisado; ya de noche le pidieron que viese el logotipo y vio la presentación y le gustó. Según Efe, al juez no le cuadró la explicación e ironizó preguntando si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedería a salir de su despacho por alguien que no conoce de nada para que le enseñe un logotipo.

Una trayectoria "magnífica"

De sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y Francisco Granados -ambos imputados-, Aguirre dijo que nombró al primero su vicepresidente, porque confiaba en él, y al segundo, secretario general del partido por su magnífica trayectoria. Lo que sí se ha cuidado de precisar es que nunca despachó con Granados sobre la empresa pública Arpegio ni sobre el plan Prisma, del que se investiga si se desvió dinero al PP. 

Con Mintra es con la empresa pública que Aguirre confesó que estaba "mosca". El juez le pidió que aclarase el término y ella respondió que era muy austera y no quería hacer muchas estaciones de Metro. Las fiscales le insistieron en lo de estar mosca y ella optó por pedir retirar el término. El juez le respondió que no era posible por estar grabado. Aguirre era la última imputada citada de momento por García-Castellon en relación con la financiación ilegal del PP de Madrid.