Así argumenta la sentencia del 'procés' la malversación

Cuatro de los nueve acusados por malversación han terminado siendo condenados por este delito: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó han sido absueltos.

Pese a que suscribieron el acuerdo en el que anunciaban la asunción solidaria de todos los gastos que se promovieran por el Govern para el referéndum unilateral, los jueces consideran que no se ha probado que los cinco absueltos hubieran puesto sus departamentos al servicio de gastos concretos justificados para el 1-O.

La sentencia del Tribunal Supremo explica que los miembros del Govern finalmente condenados por este delito no solo ejecutaron actos de "manifiesta deslealtad" en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente mediante el decreto de 6 de septiembre de 2017. Los magistrados hablan de "consorcio delictivo" y consideran probada una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" en gastos para la publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas. Argumentan que todas estas iniciativas supusieron "gastos ajenos a cualquier fin público lícito", se ordenaron "careciendo de cobertura presupuestaria" y que fueron canalizados a través de la estructura de los departamentos de Vicepresidència y Economia, Presidència, Exteriors, Treball, Salut y Cultura.

A Romeva se le atribuyen todos los pagos vinculados con el Diplocat, a Turull los canalizados a través de la 'conselleria' de Presidència (como las campañas de publicidad y la web referendum.cat) y a Junqueras el coste, entre otros, de las visitas de parlamentarios europeos y la contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales. A Bassa se le imputan las tareas de impresión de las papeletas que iban a ser usadas en la consulta referendaria y la asunción de una de las cinco partes en las que se fraccionó el encargo a la empresa Unipost.

En su escrito, los magistrados reservan tambiénun palo para el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que había sentenciado que "no se ha habilitado ni un euro" para el referéndum. "Se evidencia, una vez más, la deliberada ocultación de aquellos gastos efectuados o comprometidos en relación con el referéndum del 1 de octubre. Se acredita también la insuficiencia del control formal del Ministerio de Hacienda Pública para detectarlos, aunque después de un detenido trabajo de fiscalización, hayan logrado aflorar alguna de las expensas realizadas a este fin".

El Tribunal de Cuentas cifrará la cantidad defraudada

El tribunal considera acreditado que la malversación supera ampliamente 250.000 euros, cifra a partir de la que se considera tipo penal agravado. La Abogacía del Estado calculaba 1,9 millones de euros y la Fiscalía lo elevaba a tres millones. Vox la situaba en 4.279.985,03 y reclamaba que los acusados retornaran esta cantidad, pero la sentencia recuerda que la acción popular no puede instar un pronunciamiento de responsabilidad civil y que esto corresponde a la Abogacía y la Fiscalía del Estado, que ya pidieron remitir la sentencia al Tribunal de Cuentas. Será este organismo, como ya ocurrió con el Govern de Artur Mas por el 9-N del 2014Artur Mas, que determine esta responsabilidad civil por la malversación.