El callejón sin salida de la amnistía

Amnistía y amnesia comparten raíz griega: la ausencia de memoria u olvido. La amnistía nació en la Atenas de las guerras con Esparta para restablecer una democracia que había sido liberada de los tiranos. Y si olvido y perdón suelen ir de la mano, la amnistía es el perdón más alto que puede conceder un Estado, impidiendo cualquier represalia sobre todo lo pasado. No solo se perdona la pena impuesta, también se olvida el delito.

Tras las condenas impuestas este lunes por el Tribunal Supremo, los líderes independentistas encausados por el 'procés' han fijado su objetivo en la amnistía, una figura distinta del indulto y utilizada cuando la persecución del delito pesa menos en la balanza que otros fines -como la paz social o la reconciliación nacional- que el poder legislativo estima que solo podrán conseguirse haciendo tabla rasa. [Sigue las últimas noticias tras la sentencia del 'procés' en directo].

La mayoría de JxCat, ERC y la CUP en el Parlament catalán aprobó una resolución que recoge una "exigencia de la amnistía" como "parte de una solución política al conflicto político entre Catalunya y el Estado español". Y la elección no es baladí. Para empezar, porque la amnistía elimina los antecedentes penales, hace "desaparecer" el delito, mientras que el indulto supone cancelar la pena porque el poder ejecutivo no la ve necesaria o útil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los extoxicómanos ya reinsertados para los que entrar en prisión puede ser incluso contraproducente. Solicitar el indulto es solicitar el perdón y, tal y como exige la Constitución, hacerlo de forma individual y no generalizada. La amnistía es una anomalía tal que se reserva a situaciones de excepcionalidad, "solo imaginable en casos de refundación política", como recuerda el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. Y es esa excepcionalidad la que el soberanismo pretende evocar.

Ley de 1977

"¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borramos ese pasado de una vez para siempre?". Las palabras las pronunció en el Congreso de los Diputados, en 1977, el fundador de Comisiones Obreras Marcelino Camacho, a quien un indulto lo había logrado sacar de la prisión de Carabanchel. El sindicalista defendía el voto a favor del PCE a una ley de amnistía que pretendía poner fin a 40 años de totalitarismo. Una pasión parecida a la que puso el socialista Txiki Benegas para defender que "ninguna democracia se puede construir manteniendo presos, exiliados y represaliados producto de una dictadura que se pretende superar". O el entusiasmo de las filas nacionalistas, vascas y catalanas, y el gobierno de la UCD. Porque la ley de amnistía de 1977 se aprobó entre aplausos. La pretendida unanimidad solo la quebró la abstención de Alianza Popular bajo el pretexto de que "una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores".

La Constitución que nacería después prohíbe los indultos generalizados pero no hace mención a la amnistía. Estas se aprueban mediante una ley con el acuerdo del Parlamento, el mismo en el que reside el poder legislativo y quien posee la capacidad de cambiar, por ejemplo, el Código Penal. Que el independentismo lograra una mayoría a favor de una amnistía para los presos catalanes es "ciencia ficción", en palabras de Cancio. Una opinión a la que se suma la doctora en Derecho Penal Mercedes García, que cree que proponer una amnistía es simplemente "un disparate". "O desconocen qué es o han perdido completamente la noción de realidad", sostiene, y asume que la pretensión de los líderes catalanes es "establecer paralelismos con el franquismo". 

Presos políticos y torturas

Porque hablar de amnistía en España es evocar la dictadura. Fue la ley que permitió al Parlamento reconocer que entre sus presos había presos políticos, pero también se ampararon las torturas cometidas por el franquismo. Es el motivo por el que ERC votó a favor de reformar la ley en el 2011, con el pretexto de que la amnistía "impide investigar crímenes aberrantes" y no permite la "rendición de cuentas por los abusos del pasado". La ley del 77 amnistió comportamientos que dejaban de ser delito en la nueva democracia, pero también otros -incluidos los de sangre- que iban a seguir siendo castigados en el Código Penal, para los que se fijaba una fecha límite. "No es un requisito que sean delitos políticos", como recuerda García, aunque eso sea lo instalado en el imaginario. De hecho, las amnistías fiscales son ejemplo de situaciones en las que el Estado considera que la regularización y la posibilidad de recaudar lo perdido es un bien superior que la persecución de los defraudadores, cuyos delitos no son precisamente políticos.

Para ser legítimas, las amnistías exigen que sean aprobadas por el Parlamento, y probablemente por ley orgánica (mayoría cualificada), sobre todo si la ley que se pretende derogar temporalmente también lo es, como defiende la catedrática en Derecho Penal Alicia Gil. Además, la amnistía exige que esta sea "la mejor manera de proteger el bien jurídico afectado o de atender a intereses superiores, que no oportunistas o partidistas". En el 77 fue el cambio de régimen político. En Colombia, por ejemplo, con la amnistía condicionada a la entrega de las armas de las FARC, fue el fin del conflicto armado. Desde el fin de la segunda guerra mundial y hasta enero del 2008, se han concedido 506 amnistías en 130 países, según la recopilación de Louise Mallinder.

La amnistía funciona como los eximentes de nuestro ordenamiento jurídico: no derogan de manera general la prohibición pero lo hacen para determinados hechos o circunstancias particulares. Y es la propia ley, aprobada por el poder legislativo, la que define y da forma a cada amnistía.