Los fiscales catalanes anotan favores a los políticos presos del 1-O

En los prolegómenos de la publicación de la sentencia del juicio del ‘procés’, los fiscales de Catalunya están transmitiendo a la Fiscalía General su opinión de que el régimen de internamiento en el que viven los políticos independentistas presos no asegura un cumplimiento de sus penas con los objetivos de reinserción que pretende la Ley Penitenciaria.

Este criterio está "extendido ampliamente, de forma mayoritaria" entre los representantes del Ministerio Público en el Principado, confirman fuentes de toda solvencia de ese colectivo.

Las mismas fuentes refieren las anotaciones "preocupadas" que toman los fiscales de Vigilancia Penitenciaria en sus habituales y periódicas "visitas de control" a los centros penitenciarios de Lledoners y Puig de les Basses, y también en una línea de observación reforzada por las quejas de políticos y de funcionarios de las cárceles catalanas.

Inspección

Esas anotaciones integrarán la próxima memoria de la Fiscalía catalana, e irán "en el mismo sentido y aún más" de las que este año, y sobre inspecciones y entrevistas cosechadas hasta la primavera, dan cuerpo a la queja más dura de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

El pasado 9 de septiembre, la Fiscal General, María José Segarra, presentó una memoria en cuyo apartado de "cuestiones de interés suscitadas por los fiscales coordinadores", destaca: "La estancia en prisión de los presos preventivos del denominado ‘procés’ ha producido distintas situaciones anómalas". Entre ellas "manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados dichos presos, más en concreto el Cento Penitenciario de Lledoners y el Centro Penitenciario de Puig de les Basses".

La frecuencia de visitas a esas cárceles para ver a la procesada Dolors Bassa o a los siete hombres encausados en el juicio del Procés es tildada en la memoria de "anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros".

La queja de la Fiscal General reproduce literalmente un párrafo de un informe previo enviado a Madrid por la fiscalía catalana. En el documento catalán se subraya que "las autoridades de la Generalitat, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, D. Armand Calderó, muestran públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los investigados por delitos gravísimos (…) considerándoles presos políticos".

Este tipo de posicionamientos, según fuentes penitenciarias, ha impregnado hacia abajo a la jerarquía en centros como la moderna prisión de Mas d’Enric (Tarragona), donde está recluida Carme Forcadell. El 26 de junio, cuando la expresidenta del Parlament llegó a la cárcel, le esperaban en los accesos manifestantes con una pancarta pidiendo "llibertat presos polìtics". Entre quienes la sujetaban se turnaron una funcionaria del módulo de mujeres al que se dirigía la procesada, y un jefe de unidad de vigilancia de la cárcel, según las mismas fuentes.

La Fiscalía catalana opina en el documento, de forma muy parecida a como después hizo la Fiscalía General: "Se considera que, en el caso de que dichos presos preventivos fueran finalmente condenados, las condiciones de tranquilidad e imparcialidad por parte de los funcionarios y de las autoridades penitenciarias de la administración catalana no son las óptimas para la evaluación de dichos presos".

El documento catalán excluye del recuento de anomalías la salida de Josep Rull de la cárcel el 5 de enero pasado por un grave accidente de su hijo de cuatro años, que ve justificada y adecuadamente tramitada.

Actos políticos o culturales

No solo alimentan la crítica de los fiscales las facilidades inusuales con que reciben visitas o se mueven por la cárcel los políticos presos, la complicidad expresa hacia ellos de autoridades penitenciarias o el ambiente de constante movilización en los accesos a sus prisiones. También otros eventos que, a su juicio, bordean el Reglamento Penitenciario.

Entre ellos, dos espectáculos teatrales recientes, los últimos organizados en los centros de Puig de les Basses y de Mas d’Enric.

Los pasados días 13 y 14 de septiembre, respectivamente, llegó a esas prisiones la gira de la obra de teatro ‘Abans ningú deia t’estimo’ (Antes nadie decía te quiero) de la compañía del Centre Cultural i Recratiu de Pineda de Mar. Sus promotores habían decidido arrancar una gira de la obra en la prisión de Lledoners, el 8 de septiembre.

‘Abans ningú deia t’estimo’ es una adaptación del libro del mismo título de Francesc Orteu, que recoge impresiones de los hijos de Joaquim Forn, Jordi Turull y Jordi Sánchez visitando a sus padres.

Las fuentes penitenciarias consultadas explican que la aprobación de esa gira por las cárceles no ha sido iniciativa de los respectivos directores. En la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat no hacen comentarios sobre el asunto.

Flores y aplausos

En Mas d’Enric, la obra se representó en el teatro del Área Educacional de la cárcel, con capacidad para 200 personas. El acto tuvo entre el público a la interna Carme Forcadell. Entre aplausos, los actores le entregaron un ramo de flores.

Ocho días después, a las cinco de la tarde del domingo 22 de septiembre, la misma cárcel acogió un recital del grupo Poetes per la República, formado por una docena de vates de lengua catalana, entre ellos Marta Pessarrodona, Francesc Ten y Josep Maria Torner.

Tanto la obra de teatro como el recital se publicitaron previamente en las prisiones con carteles. El acto de los poetas llevaba un título poco ambiguo: "1 d’octubre. Ni presons ni exilis: República".

Contra la celebración de estos actos levanta la voz el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip. Su coordinador en Catalunya, Francesc López, considera que "se autorizan como actos culturales, pero en realidad son mítines políticos. Se está usando la reclusión de estas personas para someterlas a campañas políticas, algo inaceptable en democracia. A los internos se les debe proveer de herramientas para reinsertarse, y en ese aspecto el acceso a la cultura es muy importante, pero no es aceptable el adoctrinamiento político de internos". En opinión de López "los privilegios de que gozan" los políticos presos "pueden desvirtuar el sentido de la pena".

Los fiscales informados de estos últimos actos no ven ilegalidad para incoar actuaciones. El Reglamento Penitenciario contempla que los presos preventivos conserven sus derechos culturales y políticos, y que pueden participar en "actos recreativos", si bien no especifica su especie. El Reglamento autoriza a los internos el ejercicio de esos derechos "salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena".