Cifuentes se desvincula ante el juez de la financiación ilegal del PP de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha cumplido con el papel que se supone a una imputada y ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se ha desvinculado de la financiación ilegal del PP de Madrid y ha dicho desconocer incluso si existía una caja b. En su accidentada comparecencia como imputada en el 'caso Púnica', sí se ha permitido introducir el nombre del actual presidente del PP, Pablo Casado, como uno de los patrones de Fundescam, aunque precisó que le correspondía por presidir Nuevas Generaciones.

Su declaración tuvo que interrumpirse por una "desconfiguración técnica", ya que se estaba escuchando en la sala de prensa. Tras intentar solucionarlo, el juez, que solo veía para ello la opción de "cortar cables", preguntó a las partes qué hacer, ya que estas comparecencias se celebran a puerta cerrada y solo pueden asistir, además de él mismo, la fiscalía y los abogados de los imputados. Al final se decidió trasladar el interrogatorio a otra sala y reiniciarlo donde se había interrumpido, sin necesidad de empezar de nuevo.

Según fuentes presentes en la declaración, la expresidenta madrileña explicó que los patronos de la fundación a través de la que el PP se financiaba ilegamente eran nombrados en función del organigrama del partido. Dijo ignorar incluso que el entonces presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, hubiera realizado alguna donación al PP a través de esta vía.

La imputación de esta expresidenta madrileña responde precisamente a la supuesta adjudicación "arbitraria" de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, propiedad de este empresario. El juez decidió imputarla junto a su antecesora en la Presidencia de Madrid, Esperanza Aguirre, por presidir la mesa de contratación y, además, formar parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. Cifuentes aseguró al juez que la adjudicación se hizo con las condiciones de calidad, técnicas y organizativas de la mesa.

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La imputada dijo que desde que ella se puso al frente de la Comunidad no hubo ningún contrato que incluyera la cláusula del 1% que, según el juez, estableció Aguirre para financiar el partido al destinar ese porcentaje de cada licitación madrileña a publicidad con la empresa de Horacio Mercado, Over Marketing. 

Cifuentes dijo que su misión era política y su labor consistió en "llenar mítines", por lo que desconoce los aspectos sobre financiación por los que se le preguntó. A los medios dijo que su relación con la Púnica fue personar a la Comunidad como acusación.