Los ERT y la sentencia del Supremo

Se atribuye el endurecimiento de la posición del Gobierno en relación con los acontecimientos en Catalunya a un designio electoral. Pedro Sánchez estaría restando margen al discurso de Ciudadanos y del PP en la defensa de la integridad constitucional con el propósito de atrapar a un electorado fronterizo a estos partidos que ampararía al PSOE en el caso de que tuviera que adoptar medidas extraordinarias para remediar una nueva agresión a la legalidad, sea con la aplicación de la ley de seguridad nacional, sea con el artículo 155 de la Constitución.

Esta tesis es tan especulativa como otra simultánea según la cual se ha buscado el solapamiento de la precampaña electoral al 10-N con unas semanas de alta intensidad política y emocional en Catalunya por las efemérides independentistas (1-O y 27-O) y por la publicación de la sentencia del Supremo, una resolución histórica que estaría provocando la respuesta de los ERT y del llamado Tsunami Democràtic. Esta suposición carece de fundamento. Si ERC hubiese aprobado los Presupuestos del Gobierno de Sánchez, no se hubiera producido la convocatoria electoral del 28-A, y, obviamente, ninguna otra hasta la finalización de la legislatura el próximo año.

De la preocupación del Gobierno por la insensatez del presidente de la Generalitat y, en general, de todos los cargos secesionistas al frente de las instituciones catalanas y de los partidos que apoyan la secesión, participan las demás formaciones políticas y, muy ampliamente, todos los estamentos sociales, económicos y profesionales. El desvelamiento de que existía una célula formada por individuos integrados en los llamados Equips de Resposta Tàctica (ERT), vinculados a los CDR, dispuestos a perpetrar actos violentos como reacción a las previsibles condenas que imponga el Supremo, ha encendido todas las alarmas e introducido serias dudas sobre la naturaleza del proceso, hasta ahora considerado soberanista, pero que está adquiriendo perfiles revolucionarios.

Pruebas suficientes

Respecto de los ERT no estamos ante una redada aleatoria o arbitraria de la Guardia Civil, sino ante detenciones y registros ordenados judicialmente después de una investigación dilatada que ha aportado pruebas suficientes para que el magistrado Manuel García-Castellón haya decretado la prisión incondicional de siete detenidos en la denominada operación Judas. No hay que adelantar acontecimientos y conviene dejar la dimensión de este en la literalidad de lo que ahora se conoce. Hay una negativa sensata a hablar de “terrorismo”, pero también temor a una deriva violenta en las calles. Además, siguen las investigaciones que podrían deparar resultados desalentadores.

El error moral –además de político– cometido por el independentismo oficial al no condenar la previsible violencia que practicaría ese grupo de los ERT ha aumentado la inquietud general y ha permitido que se produzcan comparaciones que, aunque odiosas, no son descabelladas. Que el separatismo catalán sea pacífico, no excluye que se produzcan excrecencias indeseables de grupos violentos. Y enfatizar en la virtud pacífica del proceso soberanista exigía una postura intransigente con quienes pretenden desnaturalizarlo.

También en el País Vasco el nacionalismo vasco es pacífico, pero el PNV tardó años –hasta el Pacto de Ajuria Enea en 1988- en declarar que no solo no compartía los medios que utilizaba ETA, sino que tampoco había ya comunidad de fines, es decir, que la independencia de Euskadi que los etarras deseaban no era la que podía pretender el resto del nacionalismo.

Síndrome de Estocolmo

Ese discurso no solo no se ha producido en la Catalunya oficial –es decir, en la secesionista–, sino que se ha persuadido a la ciudadanía de que la operación policial y judicial sobre los ERT ha consistido en una estratagema para "criminalizar" al independentismo y ofrecer cobertura ambiental a la sentencia del Supremo. De manera que se ha generado un síndrome de Estocolmo: máxima comprensión y cobertura dialéctica a los detenidos porque serían víctimas de la represión descontrolada del Estado. Y así, la sociedad catalana –aunque no secunda mayoritariamente el independentismo– resulta rehén de unas instituciones colonizadas por el separatismo que apelan a la desobediencia civil, a la "violencia pacífica" –un oxímoron inaceptable–, y socializa la idea de que solo la segregación de España abriría el horizonte a una  Catalunya ahora sojuzgada.

El proceso soberanista –tan fracasado como se demostró con la evidente fatiga de la movilización del 1-O y la menor afluencia a las concentraciones de la Diada– se ha apoderado intelectual y emocionalmente de la plural sociedad catalana porque domina las instituciones y las somete a su jurisdicción ideológica, táctica y estratégica, imponiendo a la ciudadanía que no comparte ni sus fines ni sus medios –sin apenas voz, ensimismada y pesimista– la disciplinada ortodoxia de una catalanidad dogmática ante la que los potenciales disidentes se entregan con benevolencia y docilidad.

La victimización

Se buscan mecanismos para una nueva cohesión como la victimización por la detención de una célula con propósitos violentos y como la protesta callejera contra una sentencia judicial que sancionará hechos gravísimos y no meros simulacros ni ensayos. Esta fase del 'procés' le corresponde manejarla a un Gobierno de la izquierda española, presente en Catalunya a través de la federación con el PSC, y va a resultar una verdadera prueba de consistencia estadista del socialismo español.

Sánchez no es "Aznar sin bigote" en infeliz expresión de Eduard Pujol, pero el socialista es tan presidente del Gobierno de España como lo fue el popular. El independentismo erraría si creyese que, en la actual tesitura, el PSOE no se comportaría como un partido de Estado. Se juega su ser o no ser. Y su secretario general lo sabe y, por eso, baraja "todos los escenarios". Al finalizar el Consejo de Ministros, el viernes, Luis Planas, titular en funciones de Administración Territorial lanzó una inequívoca y, quizás definitiva advertencia, expresando en ella toda la determinación del Estado.