El oxímoron de la desobediencia institucional

Tanto la desobediencia civil como la llamada desobediencia institucional parten de una premisa común: los fallos del sistema establecido pueden –y deben, en una democracia saludable– ser contestados y reajustados. Si no es posible hacerlo siguiendo las propias normas, defienden la eficacia de las protestas e iniciativas no violentas para facilitar ese reajuste, según la Encyclopedia of Global Justice. Aun así, a nivel internacional, las dos estrategias, la civil y la institucional, reciben un trato muy distinto académica y políticamente.

Si bien la desobediencia civil es aplaudida en escenarios autoritarios y totalitarios y reconocida, en menor grado, como necesaria en democracias imperfectas; la llamada desobediencia institucional no genera tanto consenso ni apoyo. Líderes como Martin Luther King, Rigoberta Menchú o Malala Yousafzai cuentan con un reconocimiento mucho más mayoritario y extendido que aquellos parlamentos o regiones que han desobedecido sus legislaciones nacionales. ¿A qué se debe esta diferencia? La respuesta está en los binomios agencia/obediencia y autoridad/soberanía.

La desobediencia civil, entendida como una desobediencia simbólica o ritual de una ley o normativa concreta (en lugar de desobedecer el sistema como un todo), la ejerce la ciudadanía que así lo considera oportuno para denunciar un aspecto contradictorio en ese sistema. Pongamos, por ejemplo, el caso de un país formalmente democrático donde no haya un solo supuesto de aborto legal. Una, varias o miles de personas pueden considerar legítimamente que es incompatible ser una democracia liberal y negar derechos fundamentales a una parte importante de la población, así que se organizan actos de desobediencia civil para forzar un cambio legislativo. Cada persona que participa de esa estrategia lo hace a título personal o colectivo, pero responsabilizándose de las posibles consecuencias de sus actos. De ahí que haya multitud de ejemplos mundiales de líderes que han estado en prisión o sufrido las consecuencias legales de su desobediencia. Lo hacen aceptando esa posibilidad.

Ahora bien, la llamada desobediencia institucional es más difícil de limitar conceptualmente, puesto que no hay acuerdo entre expertos. De entrada, en los sistemas democráticos las instituciones son las que diseñan y marcan el sistema. Así que podríamos decir que desobediencia institucional es un oxímoron. Si una acción nace de una institución, per se, es obediente porque es la propia institución la que marca qué hay que obedecer.

Acto ilegal o desobediencia

En cambio, sí hay más consenso en decir que una institución pública puede cometer intencionada o des intencionadamente un acto ilegal. Si, pongamos, es una institución que no ocupa la última posición jerárquica en la Administración pública del Estado (que es donde reside en última instancia el poder de definir el marco institucional), la desobediencia es más interpretable. Más bien se trataría de un choque de competencias o un acto ilegal, pero difícil encajarlo como desobediencia institucional. Por el contrario, las consecuencias varían mucho, puesto que quienes llevan adelante ese acto lo hacen en nombre de la institución, que representa a toda la sociedad (hayan votado o no esa opción política) y, por tanto, acaba dañando a la propia institución.

Yendo al caso que nos ocupa, si el Parlament toma unas decisiones que, en principio, rompen con la legislación establecida –como podría ser lo ocurrido el 6 y 7 de septiembre del 2017– no se trata de desobediencia institucional, sino de acciones ilegales llevadas a cabo desde la institución. En cambio, si el Parlament decidiese no aplicar una ley que le parece de forma mayoritaria injusta, no ética, sería desobediencia institucional.

Pongamos que el Estado aprueba una ley prohibiendo a las mujeres conducir. Si el Parlament aprobase a continuación un decreto diciendo que esa ley no se aplicará por considerarla injusta, podría ser considerado ilegal por un tribunal. Pero si el Parlament simplemente decide que no aplicará esa ley, habría más acuerdos en considerarlo desobediencia institucional.

Para finalizar, es bueno reflexionar sobre lo que Timothy Snyder llama "la obediencia anticipada" en 'Sobre la Tiranía' (Ed. Destino): el instinto innato de obedecer de forma automática cuando la orden viene de un agente con autoridad. En las sociedades democráticas es sencillo olvidar que los sistemas son imperfectos y que, de tanto en tanto, es saludable y necesario plantearse si todo sigue siendo ético, justo y proporcional, para plantearnos si merece seguir contando con nuestra obediencia.