Sánchez traza la respuesta por si hay que tomar medidas en Catalunya

El Gobierno lleva meses estudiando posibles respuestas al tenso escenario que se abrirá en Catalunya tras la sentencia del 1-O. Fuentes de la Moncloa confían en que los desórdenes no serán masivos, y que el Govern de Quim Torra no irá más allá de las acciones simbólicas, pero el plan ya está trazado por si hay que tomar, llegado el caso, “medidas extraordinarias”. El artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía está sobre la mesa. Pero el Ejecutivo no piensa en su aplicación en un primer momento, sino que antes se abordaría la puesta en marcha de la ley de seguridad nacional, pactada en el 2015 entre el PSOE y el PP, que permitiría garantizar el orden público en la comunidad.

La Moncloa estudió al milímetro este martes, en el segundo aniversario del referéndum de independencia, todo lo que ocurría en las calles catalanas. Se trataba, señalan en el entorno de Pedro Sánchez, de una especie de ensayo general de lo que vendrá después, cuando se conozca el fallo del Tribunal Supremo, que se espera para antes de la segunda mitad de octubre.

A primera hora de la mañana, el propio presidente en funciones comenzó a preparar el terreno por si se agrava la escalada en Catalunya, donde en los últimos días el Parlament ha aprobado resoluciones netamente independentistas, que serán impugnadas por el Gobierno, y varias personas han sido detenidas por presunto terrorismo. “Un Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero el 155 se puede aplicar en funciones sin problemas, lo hemos estudiado y no habría ningún problema constitucional ni de legitimidad. El Senado [encargado de activar este procedimiento] permanece abierto a través de su Diputación Permanente”, dijo Sánchez en la Ser, que ha decidido endurecer su discurso a raíz de los últimos acontecimientos, a poco más de un mes de las generales del 10 de noviembre.

El jefe del Ejecutivo, aun así, subrayó que todavía no ha “tomado ningún tipo de decisión” y que espera “no llegar a ese extremo”. Si considera que no hay más remedio que activar estos mecanismos, hablará primero con los líderes de los principales partidos. Los socialistas no dudan de que tendrán de su lado a Pablo Casado, que el pasado lunes abogó en Barcelona por la ley de seguridad nacional. Más difícil, anticipan, será el acuerdo con Albert Rivera, siempre partidario de una mayor dureza, y con Pablo Iglesias, que ya estuvo en contra del 155 en el 2017 y habla de “presos políticos” para referirse a los dirigentes independentistas en la cárcel. 

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La advertencia al Parlament

Por el momento, el Gobierno ha decidido plantear un incidente de ejecución de sentencia ante las recientes resoluciones del Parlament, aprobadas durante el debate de política general, que abogan por la independencia, la amnistía de los presos del ‘procés’ y la salida de la Guardia Civil de Catalunya. La Moncloa considera que estos textos, pese a su carácter declarativo, vulneran fallos anteriores del Tribunal Constitucional, y en este sentido quieren advertir al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa. Porque el Ejecutivo considera “fundamental” que el Parlament no vuelva a la senda de hace dos años, cuando aprobó las llamadas leyes de desconexión.