20 oct 2020

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DENUNCIA

Cs lleva al Síndic a Antifrau por su viaje con imputados del 3%

Los naranjas piden investigar si Ribó "habría tanto aceptado como solicitado obsequios de alto valor patrimonial"

Júlia Regué

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. / ELISENDA PONS

Ciutadans (Cs) se dirigió este lunes a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) para registrar una denuncia contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para que investigue su viaje en el 2015 con imputados por la trama del 3%

En la denuncia, al que ha tenido acceso este diario, los naranjas sostienen que el Síndic "habría tanto aceptado como solicitado obsequios de alto valor patrimonial de ciudadanos privados investigados" en el 'caso 3%' y que "se habría situado intencionadamente en una situación que objetivamente podría haber comprometido desde entonces su imparcialidad en el ejercicio de la responsabilidad que ostenta" generando un "conflicto de intereses, entre el interés de la institución pública que dirige y los privados de terceras personas".

Ribó viajó a Berlín para ver la final de la Champions del 2015 junto a varios empresarios y cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entre ellos, Josep Antoni Rosell, entonces director general de Infraestructures.Cat y el empresario Jordi Soler, quien habría pagado el traslado, ambos investigados por la Audiencia Nacional. El Síndic, en una comparecencia el pasado 16 de septiembre en comisión parlamentaria, sostuvo que fue un asunto estrictamente "personal", pero admitió que "fue un error" haber aceptado el viaje. 

La denuncia, firmada por el presidente del grupo parlamentario Carlos Carrizosa, se acoge a la normativa en cuanto a los cargos de las instituciones de la Generalitat, que subraya que estas personas están sujetas a la "exclusión de cualquier obsequio de valor, favor o servicio que se les pueda ofrecer por razón de su cargo o que pueda comprometer la ejecución de sus funciones". En este sentido, hurgan en que Ribó aprobó el 28 de julio del 2017, por mandato de la ley de transparencia, un código de conducta que establece que los altos cargos de la sindicatura también "deben abstenerse de aceptar obsequios o regalos de valor, ni ningún favor o servicio que les sea ofrecido por razón del cargo".

El partido requiere a la OAC que abra una investigación para aclarar si Ribó "habría participado o no en la tramitación de expedientes de reclamación de ciudadanos que se dirigiesen contra el empresario que habría asumido el coste de los obsequios de alto valor patrimonial".

"El hecho de que estas circunstancias se conociesen en el marco de una investigación a personas que mediante dádivas habrían pretendido obtener ventajas patrimoniales a través de la adjudicación de contratos públicos por parte de funcionarios o autoridades públicas, son elementos más que suficientes para la indiciaria concurrencia de una motivación que no responde la concepto de mera liberalidad o de regalo socialmente aceptado sino que parece esconder la motivación propia del ilícito previsto en el artículo 422 del Código Penal", justifican los naranjas. Este artículo establece una "pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años".