Junqueras asume que una condena acabaría con su inmunidad

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) termine dando la razón a Oriol Junqueras, y admita que el presidente de ErC debería tener inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo en las pasadas elecciones europeas del 26M, si el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenatoria por el 1-O antes de que los jueces europeos se pronuncien, el ex vicepresidente de la Generalitat no podrá beneficiarse ni de esa inmunidad ni salir de la cárcel. 

“No hay ningún mecanismo jurídico que pueda dar cobertura de una inmunidad a alguien que cumple condena. No hay un canal por el que pueda revisarse una condena de alguien a quien se le ha impedido la inmunidad cuando procedía, que era antes de condenarle”, ha admitido este viernes su abogado Andreu van der Eynde que considera ese escenario “técnicamente inédito y complejo”. 

La única respuesta a esa situación, ha explicado, sería plantear un incidente de nulidad ante el Supremo para generar una discusión que “tendría que llegar (al tribunal de derechos humanos de) Estrasburgo”. De ahí su petición al Supremo de dejar en suspenso la sentencia hasta que haya un pronunciamiento previo de la justicia europea, que aceptó tramitar el asunto por procedimiento acelerado y que de media suele tardar entre 2 y 4 meses en resolver. Según su abogado, el político independentista aspira a que la corte europea reconozca su inmunidad desde que fue elegido eurodiputado lo que significa que debería haber tenido inmunidad para ir a recoger el acta.

Alegaciones por escrito

La defensa del presidente de ErC, que cree que el Supremo no atenderá su petición y dictará sentencia entorno al 10 de octubre tal y como apuntan los rumores, ha enviado este viernes al Tribunal de Justicia de la UE las alegaciones por escrito en el marco de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo el pasado 1 de julio sobre la inmunidad parlamentaria del político catalán. El plazo para presentar alegaciones expira el próximo lunes 23 de septiembre mientras que la vista pública tendrá lugar el 14 de octubre a las 14.30 de la tarde. 

En la documentación remitida, la defensa del ex vicepresidente de la Generalitat reclama al alto tribunal europeo que más allá de estudiar a partir de cuándo se empieza a aplicar la inmunidad parlamentaria –tal y como ha reclamado el Supremo- evalúen otros dos elementos que consideran cruciales. El primero, si el sistema de inmunidad que interpreta el Supremo respeta los derechos fundamentales y el convenio europeo de derechos humanos. Y, el segundo, si un Estado miembro puede condicionar la acreditación de un eurodiputado y prohibirle llegar a Bruselas que, según van den Eynde, es lo que ha ocurrido con Junqueras. 

Jurisprudencia para Puigdemont

“Le retienen físicamente no solo porque está en prisión provisional sino que no le dejan cumplir los trámites, ni tan siquiera posibilitando que la junta electoral se desplace a prisión ni que pueda salir. ¿Hasta que punto pueden establecer condiciones y cuántas trabas puede por un estado?. Es algo que Supremo no aborda pero intentaremos que lo haga”, ha explicado subrayando que el interés de la pregunta prejudicial es aclarar una situación que generará jurisprudencia, consolidará el estatuto jurídico de los futuros eurodiputados y que podría beneficiar a Carles Puigdemont y Toni Comín, elegidos eurodiputados y que tampoco pudieron recoger su acta por tener una orden de búsqueda y captura en España y no haber acudido por temor a ser detenidos. "La cuestión resuelve un caso concreto pero establece un criterio jurídico que va a determinar el alcance de la inmunidad. Se va a exportar a cualquier parlamentario europeo", ha precisado. 

En su opinión, la importancia del caso es crucial. "Si además, el TJUE entra a considerar la parte relativa a lo que queremos, que es la imposibilidad de que los estados bloqueen el acceso a la condición de eurodiputado, que es lo que ha hecho el Estado español, estaría resolviendo uno de los grandes problemas: como pueden los estados condicionar el acceso a la condiciones de diputado en su territorio”, ha precisado. Según el abogado, el Tribunal Supremo español podría retirar la cuestión prejudicial pero dudan de que lo haga porque considera que se trata de un asunto relevante.