El fiscal del 'caso Alsasua' dice que se atacó a la Guardia Civil por ser "fiel a España y el Rey"

El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo ha sido el encargado de defender la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a ocho jóvenes por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua. Lo ha hecho rebatiendo los argumentos con los que la defensa pide su absolución y preguntándose cómo se puede decir que no hubo ataque ideológico, cuando "la Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado, sino una institución del Estado que asume los valores constitucionales". 

Según el fiscal, el sargento y el teniente de la Guardia Civil y sus parejas fueron atacados, porque "fueron atacados por ser miembros de una institución y que es fiel a España, al Rey y al pueblo español". En su informe, muy escueto, el representante del ministerio público fue negando los principales argumentos de la defensa, como la falta de imparcialidad de la magistrada que presidió el juicio, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, por haber sido condecorada por el Instituto Armado y estar casada con un coronel del cuerpo.

Redondo explicó que el matrimonio con un coronel de la Guardia Civil no figura entre las causas de recusación y sostuvo que "el sistema de premios españos no genera vinculación con la institución que lo da". En cualquier caso, Espejel compartió el mismo criterio que sus dos compañeros de tribunal y rechazó que la agresión de Alsasua fuera terrorista, que era lo que pedía en el juicio el fiscalía de la Audiencia Nacional. Aunque su petición de pena llegó a ser de entre 12 y 62 años de cárcel, no recurrió que no se entendieran terroristas las lesiones y el delito de atentado por el que acabó condenando.

La abogacía del Estado recordó que han sido dos las sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, las que han visto los hechos y condenaron a los ocho jóvenes, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) defendió la proporcionalidad de las penas impuestas para lo ocurrido.

Sin testigos ni motivación

La primera abogada en intervenir fue Amaia Izco, condenada este lunes por seguir las directrices de ETA cuando asistía a presos de la banda terrorista, quien se centró en que el concurso de delitos se había hecho en perjuicio de los condenados: Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo,  pese a que no hay unidad de hechos ni en el lugar de la agresión, ya que dentro y fuera del bar Koxka. Fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. También apreció las agravantes de abuso de superioridad y de discreminación ideológica y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

Por su parte, Jaime Montero criticó que el sargento agredido, tres días después y aún de baja, participó en la investigación de lo ocurrido, cuando debería ser incompatible ser víctima e investigador. Asimismo, sostuvo que como llevaba solo dos meses en Alsasua identificó al único joven que reconocía del municipio, ya que, además, el resto eran sudamericanos o de Europa del Este o de origen marroquí. 

Jaione Carrera, también condenada por pertenencia a ETA, criticó a la Audiencia Nacional por no haber aplicado el principio de "in dubio pro reo" a Adur Ramírez de Alda, porque en un momento, según dijo, duda de que estuviera durmiendo. José Luis Galán consideró "un escándalo" cómo se hicieron los reconocimientos fotográficos y cómo se ignoró a los testigos que no coincidían con la "versión oficial". Sostuvo que si fue uno de los autores cómo podía estar en la calle cuando el sargento fue a buscarlos grabándole y este no le reconoce.

Sostuvo que no se puede considerar a la Guardia Civil como un "colectivo vulnerable", como hace la sentencia, al que se persigue por su ideología, cuando es imposible sabe cuál es la ideología de todos sus miembros. El abogado Manuel Ollé sostuvo que este agravante solo puede aplicarse ante "nazis o latinos o que lo que sea", pero no los guardias civiles, porque, además, en ningún momento se ha valorado su ideología.