Ni coalición, ni absolución (y el Rey de fondo)

Las certezas de que disponemos son negativas y desafían a las expresiones asertivas que en Madrid reclaman un Gobierno de coalición entre socialistas y morados, y en Barcelona, la absolución de los dirigentes sociales y políticos del proceso soberanista. Pues bien: en ningún caso Pedro Sánchez y el PSOE van a ceder en un acuerdo de cogobierno con Pablo Iglesias y Unidas Podemos (asunto en el que nada tiene que decir el Rey), y es seguro que la sentencia del Tribunal Supremo será condenatoria y lo será, además, por delitos graves (sedición, rebelión o conspiración para la rebelión).  

En la política española el partido ganador de las elecciones del 28-A se ha afirmado, tras la evaluación de riesgos, en proponer a su "socio preferente" un acuerdo programático, después de que rechazase el de coalición el pasado 25 de julio. Hasta su entrevista con el jefe del Estado, el martes, el líder morado tiene la posibilidad de rectificar y evitar así su tercera negativa a la presidencia del secretario general del PSOE.

No hay otra alternativa porque Sánchez considera que con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros se representaría de continuo un Gobierno a palo limpio que es, entre otras, la razón por la que Pablo Casado, pero sobre todo Albert Rivera, están deseosos de que el secretario general del PSOE  congenie con el dirigente morado, un deseo que comparte algún sector mediático de la derecha para justificar lo que se ha convertido ya en una especie de irracional fobia anti-Sánchez, epítome de todos los desvaríos ideológicos, políticos y hasta patrióticos.

En el 2015, Iglesias -están a la mano sus entrevistas y escritos- denostaba de cualquier tipo de acuerdo con el socialismo. En esa lógica fue furibundo en su arremetida contra Sánchez en la sesión de su primera investidura en el 2016, recordando el episodio de la "cal viva" (asunto Lasa y Zabala), que es un capítulo del pasado reciente que sigue atribulando a no pocas conciencias políticas pese a los años transcurridos. Aquel ramalazo torticero del secretario general de Podemos no se olvida.

Ocurre ahora, al menos en parte, lo que sucedió en los años noventa, en los que determinada prensa y dirigentes de la derecha consideraban a Julio Anguita como el mejor ariete contra el PSOE y le jaleaban como ahora jalean a Iglesias. Los ciudadanos progresistas -algunos afectos al socialismo- parecen olvidar que la germinación política de Podemos respondió al movimiento de la indignación, pero también al propósito de sobrepasar al socialismo y convertir al PSOE en una fuerza subordinada.

Concepción bélica

De manera tal que no es indefectible, aún, que haya elecciones, pero que no se celebren el 10 de noviembre depende por entero de Unidas Podemos porque si se apea de la coalición y asume la cooperación, Sánchez estaría bien dispuesto a sortear una legislatura, quizá breve, pero que en sus primeros compases abordaría importantes decisiones: los Presupuestos, la crisis catalana, la salida salvaje del Reino Unido de la Unión Europea y las consecuencias iniciales de una recesión económica que nadie pretende ya desconocer. No es cierto que el PSOE apueste por las elecciones antes que por la formación de un Gobierno. Lo quiere, pero en condiciones de viabilidad y es más que obvio que una coalición no la garantiza porque la concepción que maneja Unidas Podemos es bélica: estar en el Consejo de Ministros como si su presencia fuese una cabeza de playa en una invasión política.

El Supremo sigue en deliberación, pero el itinerario fáctico y jurídico conduce ya a la segura comisión de delitos graves

La condena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está íntimamente relacionada con el descarte de la coalición gubernamental. La Diada -expresión ya de un fracaso del independentismo político por más que el social resista tantos avatares adversos a su aspiración- volvió a marcar una entelequia en Catalunya tan imposible como la propia secesión: una absolución de los dirigentes sociales y políticos por los hechos de septiembre y octubre del 2017.

El acto de apertura del año judicial, el pasado lunes, con presencia del Rey y las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de la fiscala general del Estado, María José Segarra, resultó especialmente expresivo porque se advirtió sobre el acatamiento de las resoluciones judiciales en un aviso a aquellos que en Catalunya pretenden redimir su divisionismo e incompetencia con la emotividad y potencial conflictividad de un fallo judicial que será muy severo.

La permanencia en prisión preventiva de los encausados y las resoluciones intermedias del tribunal adelantan que los siete magistrados de la sala, aunque no han concluido sus deliberaciones, disponen de un itinerario fáctico y jurídico que les conduce ya a la consideración de que se perpetraron tipos penales que excluyen esa "suavidad" sancionadora a la que apeló el pasado 11-S en Barcelona el presidente del PNV.

Prueba de vida del Estado

La sentencia del Supremo constituye el fin del proceso soberanista -el fin formal, al menos- y más que probar al alto tribunal lo hace al independentismo. Existe la convicción, al menos fuera de Catalunya, de que la resolución del Supremo no debería resultar un desafío al separatismo, sino una prueba de vida del Estado que se dio por liquidado y un acto de disuasión al propósito de la infeliz expresión de "lo volveremos a hacer".  

La figura del Rey, por fin, planea con intensidad en el actual momento de la política española: a él corresponde designar candidato a la presidencia del Gobierno (artículo 99 de la Constitución española), la justicia se imparte en su nombre (artículo 117) y ejerce el derecho de gracia (artículo 62). Pero todos sus actos son debidos (apenas sin margen de autonomía en la decisión) y todos ellos también refrendados (la responsabilidad la asumen las autoridades que los respaldan). En eso consiste una Monarquía parlamentaria que el profesor Iglesias es materia politológica que no parece dominar.