memoria histórica
El Supremo decidirá este mes si permite exhumar a Franco
La Sección se reunirá el 24 de septiembre para deliberación y fallo
El Tribunal Supremo decidirá si permite o no la exhumación de los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos el próximo 24 de septiembre, confirmaron a este diario fuentes jurídicas. Ese día los seis magistrados que componen la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo se reunirán para resolver los recursos presentados por la familia del dictador y varias organizaciones afines contra la decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumarle con el objetivo de trasladarle al cementerio de El Pardo, donde reposa la que fue su esposa.
La convocatoria para "deliberación y fallo" de las impugnaciones contra la reforma de la ley de memoria histórica que realizó el Ejecutivo se produce después de que el pasado mes de junio acordad paralizar cautelarmente la orden de sacar el cuerpo, prevista para el día 10 de ese mes, hasta adoptar su decisión definitiva, tras el estudio de las alegaciones presentadas por la familia Franco y la Abogacía del Estado. El ponente de la resolución en la que se decidirá el destino del dictador será el magistrado Pablo Lucas Murillo.
Perjudicial para el interés público
El Supremo justificó esa suspensión provisional del traslado pretendido por el Gobierno desde que Sánchez llegó a Moncloa. Alegó que, si finalmente acabara dando la razón a la familia y a los otros recurrentes, en referencia a la fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina de Cuelgamuros y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, "la situación que se produciría sería extraordinariamente perjudicial no solo para ellos sino también para el interés público encarnado en el Estado".
La Sección Cuarta, que preside el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, argumentaba que el perjuicio al interés público vendría dado por la "la significación de Francisco Franco", que fue "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936", momento en el que él mismo se proclamó tal, como caudillo de los sublevados contra el Gobierno republicano, "hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975".
Eso atribuye al asunto "rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos, si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho".
El auto también atribuía "interés general" a los acuerdos del Consejo de Ministros de Sánchez por los que se ha dispuesto la exhumación. Anunciaba que esos intereses "no se verán afectados por un tiempo prolongado, si es que, finalmente, debieran prosperar". Fuentes jurídicas confían en poder pronunciarse el próximo día 24.
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