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APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

La fiscala general apela a la "obligación de acatar" la sentencia del 1-O

El Supremo quiere dictar la resolución antes de revisar la prisión provisional de los Jordis

Lesmes considera el juicio del 'procés' el paradigma de todos los celebrados en España

Ángeles Vázquez

La fiscala general del Estado, María José Segarra, en la apertura del año judicial. / EFE

La fiscala general del Estado, María José Segarra, en la apertura del año judicial.
La fiscala general apela a la "obligación de acatar" la sentencia del 1-O

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La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha destacado este lunes por su contundencia a la hora de recordar "la imperiosa obligación" de todos "de acatar la sentencia" del 'procés', "sea cual sea el sentido de la misma". Una idea en la que ha coincidido con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder JudicialCarlos Lesmes, que ha optado, sin embargo, por hacer una referencia genérica a ese principio democrático sin vincularlo directamente con el juicio celebrado durante cuatro meses en el alto tribunal contra los líderes independentistas.

Por eso, Segarra parecía que quería responder directamente al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que varias veces ha amenazado con no aceptar una sentencia condenatoria de los líderes del 'procés'. Durante su intervención, en el acto de apertura del año judicial, la fiscala explicó que acatar esa resolución implicará "el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia, uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia".

Respuesta serena y firme

Añadió que se trata de "una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible de un Estado de Derecho: el respeto a la ley". Para llegar hasta ahí había calificado de respuesta "serena, firme y rigurosa" con la legalidad la dada por la justicia al "desafío secesionista" vivido en Catalunya en 2017, y destacó que el juicio se había celebrado "bajo los más ampios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes".

Como si fuese necesario preparar el terreno para la inminente sentencia del 'procés', Lesmes también coincidió con ella en la defensa del juicio. Lo consideró "el paradigma de los miles de procesos que se celebran cada día en toda España", porque ha puesto de manifiesto el compromiso de los jueces "con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución". Y, tras agradecer al presidente del tribunal, Manuel Marchena, su labor, en una línea mucho más académica abundó: "Nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho" y ello conlleva, "ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial".

Las palabras de Segarra y Lesmes han tenido respuesta este lunes por la noche del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès. En un acto en Cabrils (Maresme), ha apuntado: "Saben que no han sido imparciales". "Cuando salen a justificar que han sido imparciales, que según ellos han actuado de acuerdo con la ley, es evidente que no ha sido así", ha sentenciado.

Antes de renovar la prisión

Teniendo tan presente el juicio del 1-O era inevitable que la sentencia con la que se determinará si hubo rebelión o sedición en Catalunya protagonizara también las conversaciones informales que se produjeron entre magistrados, fiscales y periodistas al término del acto oficial.

En ellas se supo que el tribunal que juzgó el 'procés' prefiere dar a conocer la sentencia antes del próximo 16 de octubre, cuando los líderes de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, cumplan dos años de prisión provisional. Esa medida puede prolongarse por dos años más hasta un máximo de cuatro, por lo que podrían seguir presos, aunque la resolución no estuviera lista para entonces, pero el tribunal preferiría haberse pronunciado ya sobre los delitos de los que se les acusa. En cambio, la vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea instada por el líder de ERC Oriol Junqueras para determinar su inmunidad como eurodiputado, prevista para el 14 de octubre, le es indiferente de cara a la notificación de su decisión a los acusados. 

Lo que todavía es pronto para saber es si la resolución será unánime o contará con el voto particular de alguno de los siete magistrados que compone el tribunal, porque esta discrepancia se puede anunciar hasta el último momento de las deliberaciones, con las que los magistrados continúan por bloques temáticos. Ni siquiera las han interrumpido en agosto, momento en el que optaron por utilizar el correo electrónico. También se ignora aún si se dará a conocer el fallo a través de su lectura pública o, como considera algún miembro del tribunal, no sería esa la mejor forma de explicar las penas impuestas al tratarse de un asunto de tanta complejidad.

Renovación del CGPJ

Lesmes, que utilizó un tono de despedida del cargo, como ya había hecho el año pasado, no desaprovechó la oportunidad de recordar ante los representantes políticos que asistieron a este acto que el órgano de gobierno de los jueces debió ser renovado en diciembre el año pasado "un retraso" que "constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y que, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio" CGPJ, circunstancia que le puede debilitar por causas que le son ajenas, pese a que él le corresponde "verlar por la independencia judicial".